Monterrey, NL.- Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en el estado de Tamaulipas, concedió al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda una suspensión definitiva con lo que impide que se realice un juicio político en su contra, que habían iniciado las bancadas del PAN y el PRI en el Congreso local.
Asimismo, el amparo concedido por el juez deja sin efecto una reforma Constitucional con la que el Congreso pretendía quitarle facultades al Ejecutivo para designar funcionarios de su gabinete y su derecho a vetar propuestas del Poder Legislativo para la designación del Fiscal General de Justicia en el Estado.
Según el amparo indirecto 407/2023/-1, dichas reformas no serían aplicables al actual gobernador, sino a quien resulte electo en 2027, pues serían contrarias al artículo 14 de la Constitución General de la República que establece: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, y las modificaciones se llevaron a cabo con posterioridad al día en que García Sepúlveda asumió la gubernatura el cuatro de octubre de 2021.
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“Se concede la suspensión definitiva que solicita Samuel Alejandro García Sepúlveda en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 407/2023-1”, resolvió el juez Gutiérrez Pérez, quien había sido cuestionado por diputados federales del PAN y PRI, de conceder “amparos a modo” a García Sepúlveda.
El mismo juzgador había sido criticado por líderes de Morena, ya que dejó sin efecto una orden de aprehensión contra el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Algunas facultades que con reformas a 27 artículos de la Constitución de Nuevo León pretendían quitar al Ejecutivo estatal las bancadas mayoritarias del PAN y PRI son entre otras las de vetar propuestas para designación de Fiscal General, refrendo y publicación de leyes (ante quejas porque el mandatario no publicaba decretos aprobados por el Congreso, para evitar que entraran en vigor), al tiempo que se otorgaba al Congreso la facultad de ratificar los nombramientos de funcionarios estatales, que eran facultad exclusiva del gobernador.
En otro orden, este miércoles el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Nuevo León, revocó la suspensión concedida por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, a favor de Reynaldo Cantú director del Instituto de Defensoría Pública, dentro del juicio de amparo 415/2023, al resolver un recurso de queja presentado por el presidente del Congreso, Mauro Guerra.
En un fallo que se emitió por unanimidad de los tres magistrados del citado tribunal, se asentó que “al estimarse que una norma constitucional local que ordena orgánicamente el funcionamiento de las instituciones que coadyuvan a la impartición de justicia es de orden público, y por tanto la suspensión de sus efectos es improcedente”.
La presidencia de la Legislatura local estimó que esta resolución es relevante porque “se reconoce la validez de la reforma constitucional y al ser este criterio de un tribunal colegiado, los jueces de distrito que conocen otros amparos similares, deben acatar este criterio”.
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