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Por orden de un juez federal en materia de amparo, el Congreso de Colima deberá suspender indefinidamente el juicio político que inició el 9 de diciembre pasado en contra del exgobernador Ignacio Peralta Sánchez, por haber dejado en bancarrota la administración estatal y dejar de pagar los sueldos de todos los servidores públicos estatales durante los últimos meses de su gobierno.
El Juzgado Primero de Distrito notificó este lunes al Congreso de Colima que otorgó una suspensión provisional al exmandatario, por lo que los legisladores deberán suspender cualquier acto que lleven en contra de Peralta Sánchez en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo que éste interpuso.
El 30 de julio de 2021, a unos meses de terminar su administración, Peralta Sánchez informó a través de un video que se había quedado sin recursos para la nómina debido a que durante los primeros siete meses del año se pagaron mil millones de pesos por créditos adquiridos a corto plazo y el 50% de esos recursos no se encontraban programados en el Presupuesto de Egresos 2021; además, aseguró que la pandemia de Covid-19 afectó la recaudación fiscal en el estado, que disminuyó de manera considerable.
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En octubre de ese año la entonces diputada de Morena, Claudia Aguirre Luna, promovió ante el pleno del Congreso local el inicio de un juicio político contra el exmandatario y el 9 de diciembre, tras varios intentos de notificar a Peralta Sánchez que debía comparecer para presentar su defensa, la Comisión de Responsabilidades lo emplazó a través de edictos debido a que estaba “ilocalizable”.
En enero de 2022, el exgobernador solicitó el amparo de la justicia federal y el 19 de ese mes el Consejo de la Judicatura Federal informó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo con sede en la ciudad de Colima, había admitido a trámite el recurso.
En su argumentación, Peralta Sánchez reclamó la forma en que el Congreso admitió y dio trámite al juicio político en su contra y señaló que se violaron los artículos constitucionales 1, 14, 16, 17, 108 y 109.
Hasta el momento, el Congreso estatal no ha emitido una postura al respecto.
afcl
