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Tuxtla Gutièrrez, Chis. - Un juez federal amparó y protegió a un grupo de 16 tzotziles del municipio de Zinacantán que fueron desplazados de su comunidad por simpatizar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) , y ordenó al gobierno de Chiapas otorgar asistencia humanitaria “satisfactoria de cobijo, alojamiento básico y vestido adecuado”, informó la activista Yazmín Pinto Ruíz.
El litigio se prolongó por 16 meses por la vía de amparo, en el cual las tres familias denunciaron omisiones del gobierno estatal y del ayuntamiento de Zinacantán por la falta de atención oportuna en el desplazamiento forzado del paraje Shulvó, donde se asienta el municipio autónomo Vicente Guerrero.
El Juzgado de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez sentenció, de acuerdo con el juicio de amparo 833/ 2018 favor de los quejosos y dispuso que se proporcione a los tzotziles asistencia humanitaria el tiempo necesario.
La abogada Pinto Ruíz enfatizó que la sentencia adquiere relevancia porque es la primera ocasión que un juez federal se pronuncia sobre un caso de desplazamiento forzado en Chiapas, que ha afectado a “miles de familias” de pueblos originarios, principalmente de las regiones Altos y Selva, donde los gobiernos "no han accionado mecanismos idóneos para la prevención y atención de esos conflictos".
La obtención de la sentencia a favor de las 16 familias, y otras acciones legales, son parte del litigio estratégico y el acompañamiento en la defensa de los derechos humanos empujado por el Centro de Derechos Humanos Ku úntik, que dirige el abogado Diego Cadenas Gordillo.
Los agraviados por el desplazamiento forzado reclaman a las autoridades de gobierno la omisión en el cumplimiento las normas legales y por no adoptar la medidas necesarias que garanticen su derecho a la circulación y residencia, así como el derecho a la seguridad personal, al uso, goce y disfrute de la propiedad privada, debido al desplazamiento del 9 de diciembre de 2015 fecha desde la cual no pueden retornar a su terruño.
La justicia federal resolvió que para cumplir con el cobijo y alojamiento básico, así como proporcionar vestido adecuado, el erario estatal debe disponer para los desplazados de una vivienda en buen estado con servicios básicos y la entrega en especie de ropa adecuada de acuerdo con las condiciones del clima en San Cristóbal de las Casas, donde actualmente residen, o en su caso, entregar un monto económico para cubrir esas necesidades por un año calendario.
La familia de Juan Pérez Pérez, de 16 integrantes, conformada por su esposa, hijos, nueras y nietos, fue desalojada por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poblado Shulvó, donde se asienta el municipio autónomo Vicente Guerrero, en Zinacatán, por simpatizar con el EZLN .
El tzotzil fungió como catequista durante 23 años. Con el desplazamiento perdió ese cargo en la demarcación católica; dejó abandonada también la vivienda familiar y 20 hectáreas de tierras ejidales, comunales y de propiedad privada donde cultivaba maíz, frijol y legumbres y criaba aves de corral.
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