Juez declara legal la detención de 164 integrantes de Pueblos Unidos; defensa solicita duplicidad del término
La tarde del pasado sábado, fuerzas estatales y federales detuvieron a 167 integrantes del grupo armado cuando pretendían irrumpir en los municipios de Uruapan y Parangarícutiro
Morelia, Michoacán.- El juez federal del caso, declaró legal la detención de los 164 integrantes del grupo criminal Pueblos Unidos, capturados (junto con tres menores de edad) el pasado sábado en la comunidad de Tiamba, municipio de Uruapan, Michoacán.
El juez, también les impuso prisión preventiva oficiosa, mientras resuelve la vinculación o no a proceso, ya que la defensa de los implicados solicitó la duplicidad del término constitucional.
La audiencia de estos 164 sujetos inició a las 9 de la noche de ayer y se extendió por más de 12 horas, hasta que el juez confirmó que la detención de las 164 personas fue legal.
En respuesta, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, como parte de su estrategia legal, la cual les fue concedida por el juez, quien resolvió la prisión preventiva oficiosa.
Los detenidos fueron trasladados al penal de alto impacto en el municipio de Charo, mientras se reanuda la audiencia de vinculación, lo cual será el próximo domingo a las 9 de la mañana.
A esto se suma la vinculación a proceso, la noche de ayer, de los tres menores de edad, capturados también cuando todo el convoy pretendía irrumpir en los municipios de Uruapan y Parangarícutiro.
Los menores, son acusados de Violación a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación y posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, con las agravantes de grupo armado y portar más de dos armas de fuego.
El juez federal, les dictó la legalidad de la detención de estos tres menores, detenidos y determinó su vinculación a proceso.
En la audiencia, el juez declaró un receso, para definir cuáles serán las medidas cautelares a las que serán sometidos los tres menores.
Los menores fueron trasladados con prisión preventiva oficiosa, al Centro Integral para Adolescentes.
Detención de integrantes de Pueblos Unidos
La tarde del pasado sábado, fuerzas estatales y federales detuvieron a 167 integrantes del grupo armado Pueblos Unidos.
Ello, cuando pretendían apoderarse de los municipios de Uruapan y Parangarícutiro.
Los reportes señalan que el grupo armado se trasladaba en 28 camionetas y un vehículo blindado sobre la carretera libre que comunica a Salvador Escalante con Uruapan.
El convoy fue interceptado y desarmado por personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Guardia Civil.
La captura se dio luego de que las autoridades liberaran las vías de comunicación que los civiles armados tenían bloqueados en distintos puntos de la entidad.
Los informes indican que en el operativo, fueron capturados 164 sujetos, a los que les aseguraron 142 armas largas y 44 más cortas, además de miles de cartuchos útiles.
También les incautaron lanzagranadas y granadas, así como los 29 vehículos en los que se movilizaban, entre ellos, uno con blindaje.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Morelia, acusados de diferentes delitos federales.
Tras la detención, el grupo armado movilizó a su base social para bloquear nuevamente distintos puntos carreteros de la entidad, entre ellos la Autopista Siglo 21.
Además, la carretera libre Uruapan- Pátzcuaro, a la altura del Puente de Ajuno y, la entrada de Uruapan, a la altura de la comunidad de Caltzontzin.
También secuestraron en la localidad de Quinceo, municipio de Paracho, a 25 elementos de la Guardia Nacional, a quienes retuvieron por cerca de siete horas.
PU inició como un grupo de civiles que, decían, se formó para proteger al sector productivo aguacatero y a pobladores de Ario de Rosales, Taretan y Nuevo Urecho.
Después, se convirtió en un grupo armado que irrumpió en municipios como Salvador Escalante, Pátzcuaro y Ziracuaretiro, aunque intentó extenderse a otros más.
En Pátzcuaro, son señalados por los pobladores, de ser los responsables de las extorsiones, del cobro de piso y de asediar a la ciudadanía.
Lo mismo ocurrió en Salvador Escalante, Taretan y Ziracuaretiro, donde han sido acusados por los habitantes.
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rdmd