Más Información
estados@eluniversal.com.mx
Cuernavaca.— Trabajadores jubilados instalaron un “plantón” en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos para exigir el pago de sus pensiones suspendidas desde hace seis meses, por una controversia constitucional que promovió la magistrada presidenta, Verónica Cuevas, contra los decretos jubilatorios aprobados por el Congreso de Morelos.
Ivonne Islas, representante de los trabajadores jubilados, explicó que la controversia fue promovida luego de que el Congreso local aprobó los decretos y ordenó pagar las pensiones con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
Ese acuerdo, dicen los trabajadores jubilados, incomodó a la magistrada presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López y en respuesta ordenó controvertir los decretos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que el Poder Judicial no tiene recursos para las pensiones, pero además consideró que los diputados invadieron su esfera de competencia.
“La magistrada afirma que el Legis- lativo no tiene facultades para ordenarle cómo usar su presupuesto”, afirmó Ivonne Islas al encabezar la protesta e iniciaron un plantón en la explanada del Tribunal Superior de Justicia para exigir un encuentro con la magistrada presidenta.
El apoyo a los trabajadores. El diputado federal Javier Bolaños Aguilar se solidarizó con la protesta de los trabajadores y dijo que solicitó audiencia con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, para enterarlo de la situación.
Bolaños explicó que derivado de las controversias que el Poder Judicial de Morelos presentó contra de los decretos jubilatorios, el máximo tribunal del país determinó tomar definiciones respecto del fondo presupuestal que ampare el pago de las pensiones, situación que hasta ahora no ha ocurrido.
“La magistrada controvirtió 180 decretos jubilatorios, de los cuales 40 fueron radicados en la Primera sala donde quedaron sin validez y el resto van a salir con resoluciones de invalidez parcial”.
A ellos no les han suspendido el pago, pero cuando el Congreso recibe los incidentes de inejecución de parte de la Corte abroga los mismos decretos aun cuando están parcialmente invadidos y los deja en el mismo sentido que los nuestros”, explicó Ivonne Islas.
Es importante, dijo el diputado federal, porque el máximo tribunal del país determinó que se tomen definiciones respecto del fondo presupuestal que ampare el pago de las pensiones, situación que hasta ahora no ha ocurrido.
Hace ocho días el legislador se reunió con la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas y le dijo que independiente del litigio jurídico que pueda sostener el Poder Judicial con el Legislativo, “no se vale es afectar los derechos humanos de las personas”.
Bolaños pidió a la magistrada reintegrar a cada jubilado lo que ha dejado de cobrar y programar el presupuesto para el pago puntual de las pensiones. La magistrada escuchó, pero la situación sigue igual para los trabajadores jubilados.
Aplauden a la Corte. Según los trabajadores la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó a salvo sus derechos para interponer sus peticiones de jubilación por los medios correspondientes pero no estableció cuáles son, dijo Ivonne Islas. Precisó que de acuerdo con la Ley de Servicio Civil deben hacerlo ante el Congreso local pero este Poder se niega a recibirlos.
Según los trabajadores, el Legislativo aduce que en obediencia al resolutivo emitirán nuevos decretos con correcciones pero desde noviembre sólo enmendaron tres expedientes, que a la postre fueron abrogados bajo el compromiso de realizar nuevos proyectos de decreto.
Según los trabajadores inconformes, la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, quien busca la reelección en el cargo, esgrime que la resolución de la Corte es clara y ordena no pagar las pensiones mientras el Congreso de Morelos dice que no tiene la obligación de emitir nuevos decretos hasta que el Ejecutivo dé los recursos para pagar las pensiones.
Algunas de las pensiones van de los siete a los ocho mil pesos mensuales, dijeron las trabajadoras.
Los trabajadores prevén permanecer afuera del Tribunal el tiempo que sea necesario, según expresaron, y también afirmaron que se turnarán para permanecer afuera de la sede judicial y esperan una pronta solución.
