Chilpancingo.— Iban en busca de trabajo. Eran las 4:30 horas del lunes, cuando Raúl Ríos Díaz perdió el control de la camioneta que manejaba. La intensa lluvia no le permitió ver que en ese tramo la carretera estaba reducida sólo a un carril y el vehículo se desbarrancó.
Raúl, su esposa Antonia y sus cuatro hijos murieron. Otras cuatro personas quedaron heridas, la madre y tres niños. Todos eran jornaleros y murieron a casi 900 kilómetros de su casa en la comunidad de Juanacatlán, en Metlatonoc, en la Montaña de Guerrero. Todos buscaban trabajo.
Raúl, su esposa y sus cuatro hijos se accidentaron en el tramo carretero Atotonilco-La Barca, en Jalisco. Intentaban llegar a Yurécuaro, Michoacán, para unirse al corte de chile jalapeño con sus paisanos de Juanacatlán. Habían pasado dos meses en la cosecha de tomates en los campos de Río Florido en Fresnillo, Zacatecas.
Al final no llegaron a Yurécuaro; sus paisanos los alcanzaron en el hospital comunitario de Atotonilco El Alto, lugar al que fueron trasladados los cuatro heridos.
Ellos no hallaron los documentos de Raúl y su familia, tampoco identificaciones ni el dinero de ocho semanas de trabajo. De los heridos, denunciaron, no saben de su estado de salud.
Se les presentó otra complicación: cómo trasladar los seis cadáveres hasta Juanacatlán. Una funeraria de Jalisco pretendía cobrarles 120 mil pesos por el tras- lado, una cantidad imposible de pagar para los jornaleros que en los campos ganan un peso por el kilogramo de chile que cortan.
Después de la intervención de la Comisión Estatal Indígena de Jalisco hallaron una funeraria que cobra 55 mil pesos por el tras- lado y el gobierno de Guerrero se comprometió a pagar. Esta historia la documentó el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, en los últimos 18 meses han documentado la salida de 23 mil personas que se han dispersado en campos agrícolas de Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Sonora y Baja California.
Durante la pandemia, por lo menos se han registrado 15 jornaleros muertos por Covid-19, tres de ellos menores de edad.
Además, en el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2, en plena desprotección, Tlachinollan ha documentado cómo las empresas agrícolas no aplican pruebas para detectar el virus ni otorgan insumos de limpieza y menos promueven la vacunación entre los trabajadores.