Guadalajara.— El proceso electoral comenzó y las autoridades a nivel nacional afirman que no hay ningún “foco rojo” en materia de seguridad que pueda interferir; sin embargo, lo ocurrido en 2021 en el municipio de Jilotlán de los Dolores es ejemplo del riesgo latente en varias regiones del país.
Durante la pasada elección, el crimen organizado logró incidir a tal punto en la vida democrática de este municipio del sur de Jalisco, con poco menos de 10 mil habitantes, que la elección fue anulada; desde entonces se nombró un Concejo Municipal provisional mientras se convocaba a una nueva elección; no obstante, ésta nunca se realizó y con ello se continúan vulnerando los derechos políticos de los habitantes de este lugar, sin que ninguna autoridad intervenga, sentando un precedente preocupante para los procesos democráticos en la entidad, considera el especialista Marcos Francisco del Rosario Rodríguez.
Los últimos días de mayo de 2021, en plena campaña, las candidatas de PAN y MC a la presidencia municipal, Nora Cárdenas y María del Carmen Sandoval, respectivamente, hicieron pública su decisión de retirarse de la contienda por amenazas de la delincuencia organizada, y sólo quedó el candidato de Morena, José Manuel Cárdenas.
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Ante la situación, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Social solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) suspender la votación municipal, pues con sólo una planilla en la contienda no existían condiciones para integrar de manera legal el ayuntamiento; la respuesta fue continuar con el proceso bajo el argumento de no tener facultades para suspenderlo.
El 6 de junio, día de la votación, por cuestiones de seguridad no se instalaron cinco casillas en las comunidades de Jilotlán que colindan con la Tierra Caliente michoacana; aun así se emitieron mil 480 sufragios en el municipio y el candidato de Morena obtuvo la mayoría (mil 36); el IEPC validó la elección, pero decretó imposibilidad jurídica para conformar el Cabildo.
Para el 12 de agosto el Tribunal Electoral del estado anuló el proceso y pidió al Congreso local convocar a comicios extraordinarios; en tanto, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó designar un Concejo Municipal que gobernaría provisionalmente.
Tras una negociación de los partidos políticos para designar a quienes integran el concejo, éste fue nombrado el 30 de septiembre por el Congreso del estado y un día después renunciaron a sus cargos la concejal presidente, Ana Cristina Enríquez, y la concejal síndico, Carmen Torres. Ya en funciones, el resto de concejales eligió a los suplentes y nombraron a Huber Ortega como concejal presidente.
Un asunto “complicado”
El 27 de mayo de 2021, el gobierno de Jalisco abordó la renuncia de las candidatas del PAN y MC, y aunque pidió a la Federación investigar el caso, aseguró que no se trataba de un asunto de inseguridad.
“En Jilotlán de los Dolores no hay problemas de inseguridad pública, así lo muestran los distintos reportes de incidencia delictiva que se analizan semana a semana en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad. Como prueba de ello, en todo el año 2019 sólo se cometieron nueve delitos en el municipio, durante 2020 la incidencia alcanzó los 16 delitos, y en lo que va de 2021 sólo se han cometido dos; en Jilotlán lo que existe es el riesgo de que grupos de la delincuencia organizada buscan incidir en el proceso electoral”, señaló entonces.
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Entrevistados por EL UNIVERSAL, habitantes de Jilotlán reconocen que es un lugar tranquilo, pero no quieren hablar públicamente de la injerencia del crimen en las elecciones; “es complicado”, dicen.
Para explicar esta respuesta recuerdan que durante la elección de 2012 ni el exgobernador Aristóteles Sandoval (quien ganó en esa ocasión) ni el actual mandatario, Enrique Alfaro, pisaron el municipio como candidatos, porque sus equipos de campaña no encontraron condiciones de seguridad.
Otro antecedente es que el 15 de abril de 2018 fue asesinado Carlos Andrade Magaña, edil con licencia que buscaba reelegirse.
Verónica Flores Pérez, quien en 2021 era secretaria general del PRI en Jalisco, recuerda que en la elección de ese año tuvieron muchos problemas para encontrar a alguien dispuesto a competir en Jilotlán y en otros municipios del estado.
“Son varios los municipios, entre ellos Jilotlán, donde se nos complicó mucho el tema de la participación, además, en febrero de 2021 Álvaro Madera López, que iba a ser nuestro candidato a la presidencia de Mezquitic [municipio al norte de Jalisco] fue levantado y jamás hemos sabido nada de él; entonces se vinieron dando algunas situaciones complicadas y específicamente en Jilotlán se presionó tanto que ningún partido pudo postular candidatos, solamente aceptaron la participación de Morena y, obviamente, nadie más quiso participar”, dijo.
Este diario pidió una entrevista con el concejal presidente de Jilotlán, Huber Ortega, para conocer su postura, pero no hubo respuesta.
¿A quién le toca?
Tras la anulación de la elección, la Comisión de Gobernación del Congreso de Jalisco solicitó al gobierno estatal un informe sobre las condiciones de seguridad en Jilotlán para convocar a nuevos comicios.
“El 15 de enero de 2022 y el 31 de marzo de ese mismo año solicitamos al Ejecutivo que nos mandara un informe de la seguridad del municipio, que es lo que requeríamos de manera indispensable para darle trámite al asunto, pero nunca recibimos una respuesta; también durante la glosa [del informe del gobernador] hice la misma mención al coordinador de Seguridad [Ricardo Sánchez] y tampoco nos mencionó nada; aunque el secretario de Gobierno [Enrique Ibarra] mencionó que la zona de Jilotlán era segura, nunca nos dieron el documento por escrito para nosotros tener un sustento y poder concluir el dictamen”, indicó Ángela Gómez, diputada presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso local.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad del gobierno del estado, Ricardo Sánchez, pero su equipo de comunicación envió la siguiente respuesta:
“La Coordinación General Estratégica de Seguridad no tiene facultades para establecer si hay o no condiciones para realizar una elección, esa es atribución expresa del Congreso del estado. Lo que ha realizado la autoridad estatal, a través del Consejo Regional de Seguridad, Zona Sureste, del cual forma parte el municipio de Jilotlán de los Dolores, es documentar y registrar la incidencia delictiva para atender eventuales situaciones que pudieran presentarse, sin que hasta el momento se haya dado la necesidad de implementar acciones específicas de seguridad en ese municipio”.
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Un mal precedente
En opinión de Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, coordinador de la licenciatura en Derecho del Iteso, esta situación implica un retroceso democrático fuerte, puesto que genera incertidumbre de que pueda ocurrir de nuevo durante el actual proceso electoral.
Afirmó que el responsable de convocar a la nueva elección es el Congreso, pero las autoridades electorales (IEPC e INE), los partidos y los propios ciudadanos tendrían que haber presionado para que se realizaran los nuevos comicios.
“Preocupa que pueda ser algo que vuelva a presentarse, no solamente en este municipio, sino en otros, toda vez que ha habido un abandono, una dimisión por parte de partidos, autoridades y por los ciudadanos también”, insistió.