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Tras exigir durante más de dos años que los diputados de Jalisco armonizaran las leyes estatales con las federales en materia de desapariciones, este martes colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos lograron que en el Congreso local se aprobara la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.
Sin embargo, los legisladores locales volvieron a atorar la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas, a pesar de que se habían comprometido con las familias de personas desaparecidas a votarla este martes.
La nueva ley reduce a 30 días el tiempo para iniciar el procedimiento de Declaración de Ausencia y permite la radicación de juicios en el lugar donde sea más conveniente para los familiares; además, regula quiénes serán los sujetos encargados de pedir la declaratoria, entre los que están los familiares directos, las personas que tengan relación afectiva inmediata con la víctima, el representante legal y la Procuraduría Social.
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También obliga a la Comisión de Búsqueda a iniciar la localización de una persona desaparecida con los datos que los familiares o las personas legitimadas por la ley proporcionen sin que sea obligatorio un reporte previo.
Con la declaratoria de ausencia se permite la protección de los derechos de familiares de las víctimas de desaparición y se permite que si son beneficiarias de un régimen de seguridad social continúen gozando de éste.
En esta ley se fijan plazos para que familiares o personas legitimadas puedan acceder al patrimonio de quien esté ausente y se pueden suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida.
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Además se establecen los mecanismos para la disolución del vínculo matrimonial o de la sociedad conyugal a petición expresa del o la cónyuge presente.
Tras la aprobación de la ley, los colectivos y organizaciones que la impulsaron recordaron que para crearla se trabajó intensamente con el Congreso del estado durante los últimos cinco meses en mesas técnicas en las que participaron familiares, expertos, universidades y organismos de la sociedad civil.
En ese sentido, consideraron que se trata de una ley de avanzada que cuenta con los más altos estándares en la materia e hicieron un llamado a que se apruebe ya la Ley de Personas Desaparecidas, que se trabajó de la misma manera y fue retirada de la votación sin mayor explicación.
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