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Tras ver las notas de prensa, 30 familiares de personas desparecidas en Jalisco acudieron ante las autoridades de Colima para entregar muestras de ADN, a fin de que éstas se confronten con las que se obtengan de los 69 cuerpos rescatados de las 49 fosas clandestinas encontradas en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán.
El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, Javier Ávila Navarro, explicó que —por cuenta propia— un grupo de familiares acudió a la entidad vecina y logró reunirse con personal de la Fiscalía del estado: con el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, y con la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna.
Más tarde, otro grupo solicitó la intervención y apoyo de la comisión de Jalisco para entregar sus muestras biológicas a la Fiscalía de Colima. Por ahora, dicha dependencia ha informado que las confrontas genéticas de los cuerpos localizados en Tecomán podrían tardar de tres meses a un año.
En opinión de Ávila Navarro, ésta fue una práctica particular en la que se mostró la capacidad de respuesta y acompañamiento útil que deben tener las instituciones; sin embargo, reconoció que aún hay un modelo de búsqueda desordenado en el que el caos de la información no permite lograr un resultado.
“Es algo que viene de años y aún es vigente, la ley establece qué se debe hacer, pero aún no tenemos los cómo (…). Un componente muy importante será la colaboración y coordinación entre las comisiones de búsqueda del país para que no se repitan los modelos que ya existen en fiscalías y Semefos”, señaló.
Recordó que la ley establece que debe existir un banco de datos nacional de muestras genéticas, registros de fosas clandestinas y de personas desaparecidas y ausentes en el país, además de censos estatales que deben concentrase para terminar con la dispersión de datos; sin embargo, todo esto aún está en construcción.
“Debe haber una concentración de datos a cargo de la Federación y, una vez que se tengan los registros nacionales de personas desaparecidas y de fosas clandestinas, además del banco de datos forenses, se tendrá que sistematizar toda esa información. Este registro permitirá desagregar datos por región, sexo y hora, y así tendremos un diagnóstico completo del problema para diseñar una mejor política pública”, señaló el funcionario.
Ávila Navarro consideró que una vez que se tenga toda esta información, un gran porcentaje de los más de 26 mil cuerpos de personas no identificadas que hay en los servicios médicos forenses del país podrían ser reclamados.
Debido al número de cuerpos localizados, el hallazgo de entierros clandestinos en Tecomán es el segundo más grande en el occidente del país, luego de que a finales de 2013 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ubicara 75 cuerpos en 35 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de La Barca, en Jalisco.
