Este sábado, en una asamblea general, habitantes de comunidades indígenas asentadas en este comunidad, junto con autoridades municipales, comunitarias y agrarias, acordaron “de manera unánime” autorizar la instalación de un parque industrial como parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, coordinado por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Se trata del segundo parque industrial, de los cinco que proyecta el CIIT en territorio oaxaqueño, que es aprobado y recibe el respaldo de la población donde se proyecta instalar, luego de que habitantes de San Blas Atempa dieron su autorización para el arranque del primero de zonas denominadas como “Polos de Desarrollo para el Bienestar”.
En dicha asamblea comunitario se desahogó la etapa consultiva del proceso de “consulta libre, previa e informada”, y en ella se expresó el respaldo al proyecto “que permitirá crear empleos bien remunerados, oportunidades para desarrollar actividades productivas y para impulsar la economía de las familias de la región”, aseguró el Corredor Interoceánico en un comunicado.
Esta segunda asamblea se lleva a cabo dos semanas después que se llevara a cabo la etapa informativa, lapso de tiempo en que las comunidades tuvieron que deliberar sobre su pertinencia.
EL CIIT señala que los pobladores pidieron “respeto a sus derechos y ser tomados en cuenta en las obras y fuentes de empleo que se generen, así como respeto a la biodiversidad, los recursos naturales y el agua en su territorio”.
Además, tal como lo adelantó EL UNIVERSAL el pasado 11 de mayo, representantes indígenas propusieron que el gobierno federal que evalúe su participación de manera directa como asociados, mediante alguna figura jurídica que se pueda determinar, tanto en el parque industrial como en sus beneficios económicos, tal y como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También exigieron que se dé certeza a las familias locales y las que “pudieran llegar a Ixtepec”, para que cuenten con servicios de salud de calidad, oportunidades de educación superior, capacitación, empleos e infraestructura adecuada para evitar la contaminación de tierras, ríos y mantos acuíferos.
Otros planteamientos asentados por quienes solicitaron el uso de la palabra en la asamblea fueron: evitar el despojo de tierras y el desplazamiento de familias indígenas de sus zonas de origen; reactivar los programas de rescate de la cuenca del río Los Perros y evitar el acaparamiento de agua por parte de particulares; así como garantizar la operación de los sistemas de riego y el trabajo de las mujeres y los hombres del sector agropecuario.
En la asamblea participaron observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que el gobierno federal considera un “aliado en la implementación del Programa Istmo para fortalecer la estrategia social”, así como representantes de 17 dependencias federales, autoridades estatales y municipales; la asamblea de Ixtepec también solicitó que la mano de obra del proyecto sea de comuneros locales y sus familias, además de que los principales cargos especializados en las industrias sean para profesionistas de la comunidad.
El CIIT, instancia responsable del proyecto, reconoció las necesidades que tiene Ixtepec; afirmó que “se llevarán todas las peticiones de los asistentes y las conjuntadas por la autoridad de bienes comunales para analizarlas y ayudar a que sean atendidas por parte de las instituciones responsables de los gobiernos federal y estatal”.
Una vez autorizada la instalación del proyecto, iniciará el proceso para la adquisición de tierras y posteriormente se realizarán todos los estudios que permitan garantizar los servicios para la ciudadanía y los parques industriales.
Al respecto el CIIT informó que se determinó instalar mesas de trabajo permanentes y nombraron una comisión de seguimiento encabezada por sus autoridades agrarias para mantener abierto y vigente el proceso de diálogo.
Según el órgano, mediante un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) se reiteró “el compromiso del Gobierno de México con los tratados internacionales que protegen el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, así como la convicción y compromiso del presidente de México de respetar la cultura e incluir a las comunidades indígenas en la generación de bienestar”.
Mientras que representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) señalaron que estos trabajos “garantizan el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sobre proyectos de desarrollo programados en su territorio; lo anterior se encuentra establecido en tratados internacionales y en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1991”.
Finalmente, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos plasmados en el acta de asamblea, se instaló una Comisión de Verificación y Seguimiento de acuerdos.
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