La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que la noche del jueves 14 de septiembre, un grupo de aproximadamente 40 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y de la Secretaría de Marina Armada de México, irrumpieron ilegal e injustificadamente, mediante el uso de la fuerza, en las instalaciones de esa fiscalía, justo cuando se realizaban los preparativos del proceso de entrega-recepción del titular del organismo.
La FECC señaló que desde su ingreso, el contingente tomó posesión del lugar, limitó la movilidad del personal administrativo y de guardia, e inició el registro de todas las áreas sin autorización ni supervisión y sin mostrar ningún documento que les autorizara o justificara la legalidad de la intervención, y sin identificarse algún mando a cargo del despliegue.
Revisan áreas de resguardo de evidencia y el archivo institucional
“Es de destacar que fueron revisadas incluso aquellas áreas donde se resguarda evidencia y el archivo institucional. Luego de permanecer por aproximadamente 20 minutos, los elementos de la CES y de la Secretaría de la Marina Armada de México, se retiraron a bordo de seis unidades oficiales de la Policía Morelos, así como dos camionetas; una de ellas tipo Suburban y la otra tipo Pick Up, ambas de color blanco sin rótulos”, precisa la dependencia.
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Más adelante informa que ante el “atropello”, dio inicio a la investigación respectiva para el esclarecimiento de los hechos, pues además del ilegal ingreso a las instalaciones de este órgano constitucional autónomo, a su retiro, personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó una revisión de las instalaciones donde se advirtió la ausencia de distintos objetos y documentos, entre los que destaca, el dispositivo de almacenamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad de las instalaciones.
La otra irrupción
Un día antes del ingreso violento de la CES y la Marina a la FECC, agentes de la fiscalía especializada integraron y judicializaron la carpeta de investigación, pero además pidieron orden de aprehensión contra Uriel Carmona, la cual ejecutaron en el interior del penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, la noche del miércoles 12 de septiembre, y con ello impidieron que obtuviera su libertad como lo había ordenado un tribunal colegiado, esa tarde.
El martes 11 el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez había presentado su licencia temporal para contender por una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia, y dejó a cargo al vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza.
Los vaivenes continuaron en la FECC y el 14 de septiembre la fiscalía dio a conocer el cese de Juan Salazar Núñez y la llegada de Isaías Rodríguez Moreno.
La FECC comunicó asimismo que algunos colaboradores de Salazar Núñez fueron cesados y acusados de pérdida de confianza, incluso serían sometidos a investigación por presuntas irregularidades en su desempeño.
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Esa noche, de acuerdo con el comunicado de la FECC, se realizaban acciones tendientes a los preparativos del proceso de entrega-recepción del titular del organismo cuando ocurrió la irrupción de la CES e infantes de la Marina.
Luego de la irrupción que mantuvieron en reserva, el fiscal Isaías Rodríguez y sus fiscales especiales acudieron a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya para desistirse de la acusación contra el fiscal Uriel Carmona Gándara y así buscar su libertad, sin embargo, el juez de la causa desechó su desistimiento porque alegaron que habían extraviado la carpeta de investigación donde se acusa al fiscal general del delito de tortura.
En ese momento el Ministerio Público Federal, presente en la audiencia, pidió atraer el caso por petición de la víctima y de paso presentó una copia de la carpeta de investigación. El juez admitió la solicitud y ayer el MPF obtuvo la vinculación a proceso del fiscal Uriel Carmona Gándara por el delito de tortura en grado de coautoría.
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bmc
