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San Luis Potosí.— Los sectores productivos advirtieron que si no disminuyen las tarifas eléctricas recurrirán al amparo, como ya lo hicieron cuatro restaurantes, por lo que no descartan que en los próximos días unos 50 establecimientos soliciten la protección de la autoridad judicial.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado considera que las actuales tarifas son insostenibles, prueba de ello es que restaurantes con mediana capacidad pagan más del doble. Antes las facturaciones llegaban de 4 mil pesos bimestrales, hoy son de casi 9 mil pesos.
En noviembre pasado, cámaras empresariales acordaron con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) una revisión a las tarifas de electricidad y evaluar la disminución de las mismas. Sin embargo, los sectores productivos siguen pagando hasta 100% más de lo que liquidaban en 2018, afirmó el presidente estatal de la Canirac, Juan Carlos Banda.
Explicó que debido a que los acuerdos han quedado en “promesas”, cuatro restaurantes se han amparado. Además, refirió que las grandes cadenas restauranteras a nivel nacional ya han notificado su proceder, mediante los amparos, lo cual se traduce hasta a más de 100 amparos por cadena.
Industria evalúa acciones. Ninguna empresa en el sector industrial ha presentado algún amparo por las tarifas, pero no descartan esta medida si los costos no disminuyen.
Juan Pablo Torres, dirigente de Industriales Potosino AC (IPAC), detalló en entrevista que como organismo han solicitado el plan de trabajo respecto a los ajustes en tarifas que CRE implementará en los próximos tres años y con base en ello definirán la postura de los industriales afiliados para determinar si los costos son en correspondencia a la inflación y resultan sostenibles para cada empresa.
“Pedimos una explicación clara para saber cómo vendrán las tarifas en los próximos tres años, de momento no hemos metido ningún amparo”.
Asimismo, en la delegación estatal de la Cámara de la Industria de Transformación (Canacintra) esperan que antes de que concluya el primer trimestre la CRE emita alguna respuesta sobre si habrá algún ajuste con tendencia a la baja en tarifas, pues de lo contrario la cámara extendería el exhorto a sus 600 afiliados para ampararse de forma conjunta.
Leticia Serment, presidenta de Canacintra en San Luis Potosí, dijo que esta condición genera complicaciones para la operación de muchas empresas, principalmente las Pymes.
En los primeros meses de 2018 una Pyme pagaba 3 mil 700 pesos mensuales, ahora paga entre 7 mil 800 a 8 mil 100 pesos. Esto implica un gasto de 97 mil 200 pesos anuales para una mediana empresa.
Actualmente las tarifas se encuentran congeladas, sin aumentos graduales como se venía registrando, sin embargo, el porcentaje acumulado del incremento que reporta este sector es de hasta 120% más de lo que pagaba a inicios de 2018.
El amparo puede demorar hasta dos años, aunque en caso de que resulte a favor de cada establecimiento, la CFE estaría obligada a reintegrar el total de los cobros realizados con la aplicación de las nuevas tarifas.
