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Chilpancingo.— El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, confirmó que policías municipales están siendo investigados por el asesinato del dirigente empresarial Jorge Alberto Ochoa Parra y por la desaparición del coordinador de Operaciones de la Policía de Chilpancingo, Idson Omar Cruz Peláez.
La noche del martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una operación en el cuartel de la Policía Municipal; la mañana siguiente, policías ministeriales trasladaron a las instalaciones de la FGE al encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Fabricio Bautista Romero, y a cuatro agentes más.
Los cinco declaran como “testigos” por el crimen del empresario y la desaparición del jefe policiaco. Fuentes de la fiscalía informaron que uno de los hombres que se llevó al empresario podría ser un agente de la Policía Municipal de esta ciudad capital.
Ayer, el fiscal de los Santos Barrila informó que en la investigación por el asesinato del empresario y la desaparición del mando policiaco está incluida una línea que abarca la posible participación de los agentes municipales.
Sin embargo, precisó que sólo dos policías y un tránsito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por la portación de droga dentro de una patrulla; los tres están detenidos en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo, mientras que el encargado de la Policía Municipal y el otro agente continúan declarando en las instalaciones de la fiscalia.
La mañana de este miércoles apareció el cadáver del vicepresidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en la capital, Jorge Alberto Ochoa Parra, y se reportó la desaparición del coordinador operativo de la Policía Municipal de Chilpancingo, Idson Omar Cruz Peláez. Ambos fueron privados de su libertad el martes.
En pleno centro de Chilpancingo, dos hombres armados sacaron de su negocio a Ochoa Parra y la madrugada del día siguiente apareció muerto; mientras que del jefe policiaco el fiscal sólo confirmó que desapareció el martes 23.
Desde finales de 2017, la Policía de Chilpancingo está señalada por una presunta infiltración de organizaciones criminales. A inicios de 2018, policías estatales, federales junto con militares tomaron las instalaciones de la corporación y acuartelaron a todos los elementos, incluidos mandos y agentes.
El acuartelamiento duró más de seis meses. La FGE los investigó por la desaparición de cinco jóvenes. Dos de ellos aparecieron muertos, dos más vivos y uno continúa desaparecido. Por este caso sólo un agente está preso, el resto —más de 120— fueron exonerados, incluidos los mandos.