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La Fiscalía de Jalisco investiga si el agente del Ministerio Público encargado de llevar el caso en contra de Luis Alonso “N”, el exfuncionario de la policía de Puerto Vallarta detenido por abuso sexual infantil, integró bien la carpeta de investigación o fue negligente para beneficiar al imputado.
Después de reunirse con colectivos que aseguran que el agente del Ministerio Público falló al no aportar algunas pruebas al juez para lograr una vinculación a proceso más robusta, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que se ordenó a la Contraloría Interna de la dependencia revisar la actuación del agente ministerial.
Sin embargo insistió en que en un primer momento se le vinculó a proceso por abuso sexual infantil y después, con más pruebas, se buscó una segunda vinculación por corrupción de menores, pero el juez rechazó la solicitud de la Fiscalía.
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Señaló que tras lo ocurrido se apelará ésta última apelación del juez e informó que se presentó una queja por su actuar ante Consejo de la Judicatura; además se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue este caso.
Al no haber agravantes en la primera vinculación, la defensa del exfuncionario busca acceder al beneficio de la suspensión condicional del proceso.
Hoy el juez José Luis Aranda se encuentra suspendido sin goce de sueldo mientras el Consejo de la Judicatura de Jalisco investiga su actuación por no vincular al exfuncionario por corrupción de menores; además la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas del juez y del exfuncionario municipal debido a que detectó movimientos irregulares en ellas después del 26 de julio, fecha en que fue detenido el presunto pederasta.
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