Valle de Santiago.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato investiga la masacre registrada en los separos de la Policía Municipal de Valle de Santiago, donde murieron cinco hombres que habían sido detenidos. Asimismo, indaga el ataque con bombas molotov al edificio del Ministerio Público, registrado la tarde-noche del viernes pasado en el mismo municipio.
Los muertos por la masacre son Carlos “N”, de 29 años; Benjamín “N”, de 40; Antonio “N”, también de 40, y Jaime “N”, de 44 años, quienes estaban a unas horas de abandonar la barandilla cuando fueron acribillados por un comando que ingresó a la base para liberar a otro detenido.
A cuatro de las víctimas un juez calificador les habría impuesto arresto de hasta 36 horas por faltas al reglamento de policía, como escandalizar, consumir bebidas alcohólicas u orinar en la vía pública.
En el ataque también falleció Alfredo “N”, alias El Mano Mocha, quien estaba a disposición del Ministerio Público por portación de arma de fuego, en espera de que un fiscal federal determinara su situación jurídica.
La FGE señaló que entre el disturbio “un sexto interno pudo escapar por sus medios brincando las bardas del recinto”.
También el viernes por la noche, cinco horas después del atentado en barandilla, un grupo de encapuchados atacó con bombas molotov las oficinas del Ministerio Público. Los artefactos fueron arrojados a la fachada del inmueble por sujetos que circulaban a bordo de dos camionetas, sin que lograran afectar el edificio. El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas.
En la sede del Ministerio Público también se encuentran las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal que corresponde a la Fiscalía Regional “B”, la cual tomó conocimiento del homicidio de las cinco personas que habían sido remitidas a los separos.
En una reacción inmediata elementos de la AIC detuvieron a un hombre de 20 años, quien se encontraba corriendo, por su presunta participación en el hecho.
Más violencia. Ayer, en Celaya, fueron encontrados los cuerpos de tres personas sin vida en el río Laja, en las mismas condiciones que los dos cadáveres arrojados el viernes pasado: dentro de bolsas y envueltos con cinta industrial. Los restos estaban cerca de la colonia Los Olivos de esa demarcación.
También ayer, al menos 30 tortillerías bajaron sus cortinas en protesta por los niveles de violencia y extorsiones del crimen organizado. Los industriales advirtieron que temen por sus vidas tras las amenazas y exigencias de los delincuentes que han fijado un “cobro de piso”.
