Juchitán de Zaragoza. — Más de 20 chozas construidas con madera, plástico y lámina se enfilan a los lados de las vías del ferrocarril en la zona norte de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec.
La distancia entre las paredes de las viviendas improvisadas y los rieles no rebasa ni medio metro, así que es inevitable la vibración de las endebles estructuras cada vez que la bestia de fierro atraviesa el lugar y rompe con la tranquilidad de los paracaidistas, todos en situación de pobreza.
La invasión del derecho de vía de la Línea K del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) por grupos políticos que buscan conseguir votantes comenzó hace dos años, arrancaron en la parte oriente, en dirección paralela a la carretera que conecta con Unión Hidalgo, creando supuestas colonias populares, continuaron en el casco urbano que forman la colonia Gustavo Pineda y el fraccionamiento La Planta.
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Es la invasión más peligrosa en Juchitán, porque las chozas rozan con el tren cargado de cemento y fierro para construcción, granos, combustóleo, arena sílica, madera, chatarra, solera de fierro, rieles, durmientes de madera y concreto, así como tarimas, entre otros materiales.
Un antecedente de la invasión del derecho de vía se remonta a más de dos décadas atrás; se localiza a unos cuantos metros de la vieja estación del tren en la segunda sección, donde los vecinos y comerciantes de la zona utilizaron parte del terreno federal para construir una cancha de basquetbol, la cual cercaron, además de usarla como estacionamiento y otra parte como espacio comercial, dejando un derecho de vía de un metro, cuando la norma oficial determina que la distancia debe ser de 15 metros en ambos lados.
Estas invasiones fueron detectadas por la comisión de funcionarios federales, encabezada por David Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante una supervisión de la Línea K del FIT en esta ciudad.
Ante ello, el funcionario federal solicitó al cabildo de Juchitán su colaboración para que no se permitan nuevas invasiones, que después sean utilizadas para chantajear a los gobiernos estatal y federal, cuando comiencen los trabajos de remodelación de la línea férrea.
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En su informe al cabildo, David Ricardo Cervantes señaló que se identificaron viviendas improvisadas en el derecho de vía, pero que existen personas que lucran con ellas al rentarlas a familias necesitadas y de bajos recursos.
“Alguien está lucrando con la necesidad de la gente con supuestas viviendas, pero no llegan a eso. No queremos que se presten para el abuso y la manipulación. Por supuesto que, si hay familias que viven en el derecho de vía, se les va ofrecer una alternativa, como se ha venido realizando con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
“No vamos aceptar abusos de personas que sólo los estén ocupando y no vamos aceptar nuevos asentamientos”, argumentó, contundente, el funcionario federal.
De acuerdo con el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se busca conectar la Línea K, que va de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a Ciudad Ixtepec en 473 kilómetros, contando los 308 kilómetros de la línea FA, que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Palenque, Chiapas, y de allí conectarse a los 823 kilómetros del Tren Maya.
Con este sistema se busca proveer el traslado de carga por el Pacífico de México; Salina Cruz-Coatzacoalcos, además de conectar en la frontera sur con el ferrocarril de Guatemala.
En el informe del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020 se especifica que, en ese contexto, el FIT constituirá un servicio de transporte férreo de carga que interconectará las principales ciudades y ferropuertos de la región sur-sureste del país, comunicando cuatro de los estados con mayor potencial dentro de la República, ampliando así el desarrollo socioeconómico del país a través del transporte de los diversos segmentos de carga.
La remodelación de la Línea K comenzará en este año en la parte que le corresponde a Juchitán, por lo que se esperan mesas de diálogo con los nuevos y viejos invasores del derecho de vía.
Estos trabajos irán casi de la mano de los del Programa de Mejoramiento Urbano, con una inversión de más de 100 millones de pesos este año, y los del Programa de Nacional de Reconstrucción en edificios históricos, religiosos y culturales, cuya conclusión está programada para este 2022.
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