Habitantes de Juanacatlán, El Salto, Puente Grande y Tololotlán interpusieron este lunes una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la forma en que las dos anteriores administraciones estatales ocultaron un estudio en el que se da cuenta de los efectos de la contaminación del Río Santiago en la salud de quienes habitan estos lugares.
“El tema central, lo que estamos denunciando, es que existía la evidencia científica desde hace 10 años de esta situación. El crimen de Estado que estamos denunciando es el ocultamiento del estudio que mandó a hacer la Comisión Estatal del Agua a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a propósito de los conflictos por la presa de Arcediano y de nuestros pueblos contra la contaminación”, señalaron los pobladores.
Al presentar la queja consideraron que la negación sistemática de la relación entre la enfermedad y la contaminación por parte de las autoridades estatales implicó la negación de la atención extraordinaria que requieren los afectados por la exposición a la contaminación.
También se quejaron de la respuesta dada por la actual administración sobre el hecho, pues al señalar que se trata de un estudio que ya no es vigente, se minimiza su importancia.
“La urgencia la tenemos desde hace veinte años y la respuesta indolente de este gobierno no permite acceder a la atención emergente y extraordinaria en materia de salubridad general”, indicaron.
Denunciaron que aunque en el discurso la actual administración se opone a la construcción de la termoeléctrica ‘La Charrería’ en las inmediaciones del río Santiago, en los hechos dilata el combate jurídico contra este proyecto.
Así, solicitaron a la defensoría que emita recomendaciones pertinentes para la atención extraordinaria en materia de salubridad general, la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria en esta zona, y el rechazo a cualquier proyecto que ahonde la problemática socioambiental en estos pueblos.
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