Tijuana.— Este jueves tomaron protesta los nuevos diputados locales que integran la XXIII Legislatura del Congreso de Baja California, quienes reemplazaron a los legisladores que aprobaron la ampliación del periodo de la gubernatura del estado de dos a cinco años.
Entre sus primeras actividades, los nuevos diputados recibieron el último informe de gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, quien no asistió al acto.
A la instalación de la Legislatura, asistieron 24 de los 25 diputados electos, debido a que la representante del distrito X, Julia González Quiroz, tuvo un accidente automovilístico previo al acto protocolario, sin que haya sufrido lesiones de gravedad.
El morenista Catalino Zavala Márquez fue elegido presidente de la XXIII Legislatura y fue el encargado de la instalación y toma de protesta del nuevo Congreso del estado, en la que estuvo presente el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
Luego de un receso, Bonilla Valdez se retiró del recinto legislativo y los nuevos legisladores recibieron el sexto y último informe del gobernador panista. El encargado de entregarlo fue el secretario general del gobierno estatal, quien se limitó a entregar el documento y se retiró.
“Estamos a 90 días [de terminar el mandato de Francisco Vega], la instrucción ha sido que trabajemos intensamente hasta el último día de la administración”, detalló el funcionario al salir del Congreso local.
La nueva Legislatura está conformada por 13 diputados de Morena, cuatro del PAN, dos del PT, y uno del PRD, Transformemos, PVEM, PRI, Partido de Baja California y Movimiento Ciudadano (uno cada uno).
Se reúnen Bonilla y Vega. Ayer por la tarde, el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, se reunió con el mandatario Francisco Vega de Lamadrid como parte de los trabajos de transición en el estado.
Al encuentro asistió Amador Rodríguez Lozano, a quien Bonilla presentó como el próximo secretario general de gobierno del estado, quien pidió al actual gobernador que como parte del mecanismo de transición los titulares de las dependencias respondan a temas públicos —no confidenciales—; tendrán hasta 30 días para contestar las dudas.