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El gobierno municipal de Cancún y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) iniciaron la revisión jurídica del caso Riu , que construye su hotel en la tercera etapa de la zona turística con la oposición de la institución que diseñó este centro vacacional hace casi 50 años.
“Estamos revisando, estamos platicando con Rogelio Jiménez Pons (director general de Fonatur ) que, desde un principio, estamos en contacto con él”, declaró la alcaldesa “Mara” Lezama, quien indicó que se está verificando que realmente se cuenten con todos los permisos.
La edil aseguró que, de entrada, el proyecto para construir 530 cuartos en hasta 16 niveles cumplió con todos los requisitos para tramitar la licencia de construcción, expedida por su gobierno el 8 de enero pasado, conforme a lo que le fue informado por su secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara Denigris.
Sin embargo, indicó que se verifica que el proyecto realmente cuente con todos los permisos federales y locales.
Se especula si la empresa española carece o no de la factibilidad de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), al no haberla podido renovar, lo cual no ha sido precisado.
También está pendiente un juicio en la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Riu en diciembre del 2015, la cual fue utilizada para tramitar la reciente licencia de construcción, cuya vigencia vence el 8 de enero de 2022.
Los abogados de la firma ibérica aclararon que la judicialización de dicha autorización no les impide hacer uso de los derechos que ésta les confiere y prevén que la demanda en trámite no prospere, además de sostener que todos sus permisos están en regla.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha secundado esa postura.
“Entiendo que (Riu) llevó todos sus procesos jurídicos y judiciales, precisamente, buscando una certeza jurídica”, dijo al desligarse de la postura del director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
El funcionario federal declaró a EL UNIVERSAL , el 15 de enero pasado, que buscarían frenar el proyecto y revertir la densidad que le fue asignada, triplicando la original, lo cual sobrecarga la capacidad de la infraestructura de Punta Nizuc y afecta al resto de la zona hotelera.
En 2014, la cadena española tramitó y obtuvo de la Capa una factibilidad de agua para la dotación del recurso hídrico y para la conexión al drenaje sanitario.
El documento tenía un plazo y venció, por lo cual en 2016 solicitaron su renovación, con un nuevo plazo que volvió a caducar.
El origen
La densidad vigente para el predio comprado por MXRIUSA II, filial mexicana de Riu, el 13 de noviembre de 2014, fue fruto de las modificaciones a la versión 2005 del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún, que establecía parámetros de hasta 75 cuartos por hectárea y una altura máxima de tres niveles, que con la actualización del instrumento, pasaron a 270 cuartos por hectárea y 20 pisos.
Los cambios se aprobaron un mes antes del cierre de la administración del entonces alcalde Julián Ricalde, pero no entraron en vigor porque el gobierno de su sucesor, Paul Carrillo de Cáceres, revocó en febrero de 2014 la sesión de Cabildo en que el PDU 2013-2030 fue aprobado y éste quedó sin efectos, volviendo a aplicar el PDU-2005.
Meses después se elaboró y aprobó el PDU 2014-2030 que, en el caso de ese predio, conservó la densidad triplicada por el anterior. El instrumento entró en vigor el 30 de noviembre de ese año, al publicarse en el Periódico Oficial del estado.
Riu obtuvo de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano de Cancún la primer licencia de construcción del proyecto , sin haber presentado la autorización de impacto ambiental, que expide la Semarnat, y los permisos de aprovechamiento de aguas subterráneas, facultad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como lo establecía entonces el artículo 56 del Reglamento de Construcción municipal para una obra nueva.
La licencia de construcción, con número 68268, fue expedida por el titular de la dependencia municipal, Rolando Melo Novelo, el 19 de diciembre de 2014, con vigencia al 18 de diciembre de 2016 y se refería a un proyecto de 565 habitaciones para un hotel de 15 pisos.
El permiso fue combatido en tribunales, lo mismo que la licencia expedida por el gobierno siguiente, presidido por Remberto Estrada Barba, para un proyecto reajustado a 530 habitaciones, con resultados a favor de Riu en noviembre de 2019, luego de cinco años de litigios.
Oficialmente se desconoce si Riu cumplió con un convenio, firmado con el Fonatur el 9 de octubre de 2015, que lo comprometía a pagarle 60 millones de pesos para remodelar la planta de tratamiento de aguas residuales que el Fondo opera a un costado de la zona arqueológica de El Rey, en la zona turística.
Conforme al documento consultado por EL UNIVERSAL , la remodelación y la millonaria suma tenían por objeto cubrir la demanda de los nuevos proyectos a desarrollarse a partir del PDU 2014-2030, vigente a esa fecha, pero sustituido en abril de 2019 por la versión PDU 2018-2030, actualmente judicializada por ciudadanos.
Entre las cláusulas se lee que si Riu no obtenía los permisos ambientales y las licencias municipales en un plazo de 120 días, “la inversión” de 60 millones de pesos le sería devuelta, con evidentes pérdidas para el Fondo, entonces dirigido por Héctor Gómez Barraza.
También se advierte que con la firma del convenio, el Fonatur aceptó que el desarrollo se sujetara a lo establecido PDU-2014-2030 y no a los parámetros originales del predio, fijados por el Fondo, pero en caso de que Riu hubiera decidido modificar su proyecto, tendría que pagarle una pena convencional equivalente al 20% de los 60 millones de pesos comprometidos por los costos que supondría para la dotación de servicios.
La firma del documento ocurrió días antes de que Riu volviera a someter a evaluación de la Semarnat un proyecto reajustado a 530 habitaciones y otras adecuaciones, toda vez que el de 565 cuartos les había sido rechazado el marzo de 2015. Para diciembre de ese año, la dependencia, a cargo de Rafael Pacchiano, le otorgó la autorización ambiental y el cambio de uso del suelo.
La oposición inicial
Desde diciembre de 2014 hasta la firma del convenio, Fonatur se había opuesto al proyecto de Riu, pues en las cláusulas de compra-venta del predio el comprador quedaba obligado a respetar los parámetros urbanos originales asignados a la zona y el proyecto tenía una densidad mayor, debido a las modificaciones al PDU.
Durante el proceso de consulta pública, el Fonatur había advertido que al exceder los límites urbanos trazados, no podrían ofrecerse los servicios de agua, drenaje y luz.
Tampoco estaba a favor de la instalación de la planta desalinizadora contemplada por Riu, que en su primer versión de proyecto estaba contemplada, luego desistió y la reincorporó al volver a someter las obras a evaluación de la Semarnat.
etp
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