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Hermosillo.- Alcaldes, catedráticos y pobladores del Río Sonora se reunieron este lunes con el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat para buscar una solución a la necesidades de más de 23 mil personas tras el derrame - el 6 de agosto del 2014- de la minera Buenavista del Cobre de 40 millones de litros de desechos químicos peligrosos a las cuencas de los Ríos Sonora y Bacanuchi.
El funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Benjamin Berlanga Gallardo, sostuvo encuentros por separado, sin acceso a la prensa y tiene en agenda una gira de trabajo a partir del 21 al 29 de octubre por varios municipios de afectados por la contaminación.
La catedrática investigadora Reina Castro Longoria y activistas del Río Sonora intentaron ingresar a la reunión donde se encontraba los alcaldes, el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; y el diputado local Fermín Trujillo quien encabeza en el Congreso la Comisión del Río Sonora, con el argumento de que no confían en las autoridades.
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Incluso, Martha Patricia Velarde, activista del Río Sonora y residente del municipio de Baviácora, reconocida como una de las 381 personas afectadas en la salud porque tiene altos niveles de plomo en la sangre, llamó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pero en el transcurso de la reunión no llegó personal.
"La autoridad federal únicamente viene a escuchar, no trae propuestas de solución, no trae ninguna propuesta, nada más van a escuchar lo que ellos digan, nosotros queremos que se destrabe porque tenemos cinco años viviendo en la total impunidad", expresó.
Los habitantes del Río Sonora exigen que se reactive el fideicomiso firmado por el gobierno federal y Grupo México, el cual extinguieron ambas partes a pesar de haberse ejercido mil 200 millones de pesos de un acuerdo inicial de 2 mil millones de pesos para afrontar daños que provocó la minera Buenavista del Cobre a la salud humana, medio ambiente y agua potable, principalmente.
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En ese sentido, los pobladores exigen pozos con agua de calidad, que opere la planta potabilizadora que se instaló en Bacanuchi; la colocación de plantas móviles en el resto de los municipios y las fijas que se prometieron.
También exigen la construcción de la UVEAS, tratamiento médico a todos los que consideran tener secuelas por la contaminación de nuestra agua; además el impulso de las actividades productivas.
“La salud es un don y un derecho universal, no es negociable políticamente ni de ningún modo y los que están ahí están negociando la salud”, aseveró la investigadora Castro Longoria, sobre la reunión de alcaldes.
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afcl
