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Inician proceso contra exsecretaria de Cultura de Morelos por gestionar pago de un libro que nunca se publicó

La Fiscalía Anticorrupción atribuyó a la exsecretaria Cristina Faesler Bremer el delito de ejercicio indebido del servicio público porque presuntamente gestionó el pago de casi un millón de pesos para la realización de un libro

Foto: Twitter @GobiernoMorelos
11/11/2021 |19:07
Redacción
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Cuernavaca.- La atribuyó a la exsecretaria de Cultura de Morelos, Cristina Faesler Bremer, el delito de ejercicio indebido del servicio público porque presuntamente gestionó el pago de casi un millón de pesos para la realización de un libro que nunca fue publicado.

Además de la exsecretaria de Cultura del sexenio anterior, también fueron imputados por el mismo ilícito Manuel “N”, exsubsecretario de Fomento a las Artes, y Héctor “N”, exdirector General de Gestión Administrativa; en tanto que a José “N”, exdirector General de Museos y Exposiciones, se le responsabiliza de cometer ejercicio ilícito del servicio público.

Faesler Bremer fue consultada vía telefónica sobre el delito que le imputa la Fiscalía Anticorrupción, pero decidió mantener en reserva sus opiniones.

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La Fiscalía por su parte indicó que los cuatro exfuncionarios presuntamente no evitaron que se pagara casi un millón de pesos por un libro que nunca fue realizado, y conforme a las pruebas que presentó en audiencias en esta semana el caso se remite a marzo de 2014 cuando la Secretaría de Cultura de Morelos y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), firmaron un convenio para realizar diversos proyectos culturales del Fondo Editorial, incluidos el libro en mención.

Con ese convenio, el 28 de julio de 2014 Conaculta transfirió a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos, 32 millones 62 mil 151 pesos y dentro del convenio se estableció la ejecución de un proyecto consistente en la elaboración de un libro en homenaje a Joy Laville, pintora inglesa naturalizada mexicana y que vivió en Cuernavaca.

Inicialmente, expuso la Fiscalía, se consideraron la elaboración de 2 mil ejemplares, sin embargo, después de diversas peticiones de modificación al convenio se acordó la producción de mil libros.

La producción e impresión del libro debió ejecutarse el 31 de diciembre de 2014, sin embargo, la exsecretaria Cristina Faesler promovió el cambio de fecha a través de diversos oficios y Conaculta accedió a modificar al 30 de junio de 2015 la terminación del libro, advirtiéndole que si en esa fecha no estaba concluido tendría que reintegrar el dinero a la Tesorería de la Federación.

En los convenios de modificación promovidos por la exsecretaria de Cultura de Morelos, quedó establecida una reducción presupuestal en los costos del libro, pasando de 761 mil pesos a 689 mil pesos por su diseño y edición, y de 839 mil a 590 mil 199 pesos por la impresión.

La exfuncionaria presuntamente promovió nuevas prórrogas para terminar con la producción del libro, las cuales fueron rechazadas por Conaculta y el 15 de septiembre de 2015, el Consejo solicitó el reintegro del dinero, ya que el libro no fue realizado.

Durante la imputación, la agente del Ministerio Público destacó que los cuatro exfuncionarios no evitaron que se realizara el pago de 590 mil 199 pesos el 28 de enero de 2016 a Vettoretti Impresores, fuera de los plazos establecidos por Conaculta.

Además, José “N” habiendo renunciado a su puesto el 31 de octubre de 2018 siguió ejerciendo de manera indebida funciones inherentes al cargo que ya no ocupaba, como lo demuestran diversos correos electrónicos, en los que hace llegar archivos relacionados con la producción del libro.

También, entre los datos de prueba consta un pago por 318 mil pesos, gestionados por Manuel "N" y con el visto bueno de Héctor "N", a favor de Fabricio Hernández López por 318 mil pesos en seis transferencias como pago por la elaboración de los textos generales del libro.

Un dictamen pericial aportado por la Fiscalía Anticorrupción especifica un daño patrimonial por 908 mil 999 pesos por concepto de los pagos realizados y los cuales no se encuentran justificados.

Tras realizar la imputación, la agente del Ministerio Público solicitó al juez como medidas cautelares, la imposición de firma periódica mensual y la prohibición para salir del país, en tanto, se otorgaron 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso.

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afcl

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