El pleno del aprobó el inicio de procedimientos sancionadores en contra de exfuncionarios de 36 municipios y organismos municipales por un presunto daño patrimonial del orden de los 62 millones de pesos.

A propuesta de la Comisión Inspectora del Congreso, los legisladores dieron luz verde (con 28 votos a favor, cero en contra, dos excusas y seis abstenciones) al inicio de los Procedimientos Administrativos y de Determinación de Responsabilidades en contra de exalcaldes y exfuncionarios municipales que fungieron como autoridades durante el ejercicio fiscal del 2016 .

Y es que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos en 29 municipios, seis sistemas operadores de agua y uno de limpia pública, por lo que los funcionarios responsables deberán solventar las anomalías o de lo contrario enfrentar denuncias penales.

La presidenta de la , la legisladora Olga Lucia Romero, explicó que a partir de su notificación por estas observaciones, los ex alcaldes o ex titulares de organismos estatales, tienen hasta 30 días para solventar el presunto desvío de recursos públicos.

En caso de no solventarse, será la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que presente, en caso de considerar procedente, las denuncias penales el año entrante para sancionar los daños patrimoniales.

Exalcaldes investigados por irregularidades

Entre los señalados de irregularidades se encuentra el ahora exalcalde de Atzitzintla, el perredista José Isaías Velázquez Reyes, por un presunto daño patrimonial de 546 mil pesos; el exfuncionario fue detenido en 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado y liberado en 2018.

Además el exalcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde , por un presunto daño patrimonial de 488 mil peso; al político, quien llegó a la alcaldía bajo las siglas de Pacto Social de Integración (PSI), fue detenido en 2017 por vínculos con el robo de combustible y liberado en 2018.

En la lista también aparece el exalcalde de San Pedro Cholula y exdiputado local, José Juan Espinosa Torres , quien se encuentra exiliado tras una fuerte confrontación política con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Se trata de los Ayuntamiento de Acatzingo, Ahuehuetitla, Ajalpan, Atlequizayapan, Atzala, Atzizintla, Chiautzingo, Chilchotla, Chinantla, Cohetzala, Cuautinchan, Cuyoaco, Huehuetlán, Lafragua, Palmar de Bravo, San Diego la Mesa, San Gabril Chilac, San Jerónimo Xacatllán, San Martyín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador El Seco, Tehuacán, Teopantlán, Tepango, Tepexco, Tlanepantla, Tulcingo, Xayacatlán, Xochiltepec.

Así como los sistemas operadores de agua de los municipios de Acatzingo, Chalchicomula, San Pedro Cholula, Tlalchichuca, Huixcolotla y Tehuacán; y el organismo de limpia de Tehuacán.

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afcl/rdmd

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