Comitán de Domínguez, Chis; 13 de mayo.- Seis presos reiniciaron este lunes una huelga de hambre indefinida, en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) , de San Cristóbal de las Casas y Comitán , en demanda de que se investiguen los casos de tortura que sufrieron durante su detención y encarcelamiento, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Los seis ayunantes son integrantes del Pueblo Maya Tzotzil, que durante su detención y encarcelamiento, sufrieron violaciones a derechos humanos y otros “tratos crueles inhumanos o degradantes”.
Durante la jornada de ayuno, los presos exigen se investigue los casos de tortura y “se tome en cuenta la fabricación de pruebas, para determinar su libertad”.
Hasta el 15 de marzo pasado, ninguna autoridad había iniciado investigaciones por el delito de tortura en contra de los seis detenidos, “a pesar de existir denuncias públicas”.
Hace dos meses, un grupo de 13 presos que están recluidos en cinco penales, iniciaron un ayuno, pero después de 30 días, Abraham López, Germán López, Adrián Gómez, Juan de la Cruz, Marcelino Ruíz y Juan Pérez, aseguran que “el sistema de justicia vulnera sus derechos por ser integrantes de pueblos originarios”.
Por esto, optaron por regresar al ayuno indefinido, “como legítima protesta por lo injusto de sus procesos y por visibilizar las inhumanas condiciones carcelarias” en las que viven.
El Centro de Derechos Humanos dio a conocer que después de un mes de reuniones, de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, las familias de los presos, “han enfrentado discriminación y han sido testigos de que el gobierno no cumplió con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia”.
Como parte de la protesta, solo se han conseguido el traslado de Germán y Abraham López Montejo, del CERSS de Cintalapa, al de San Cristóbal de las Casas, “para estar más cerca de su familia, derecho que tienen todas las personas detenidas”.
“Los seis presos tzotziles que hoy reinician una huelga de hambre, con riesgo a su integridad y seguridad personal, son un ejemplo más de que el sistema de procuración y administración de justicia es discriminatorio y criminaliza la pobreza”, dijo.
Y aseguró que se han documentado que en Chiapas, el 98 por ciento de las personas privadas de su libertad, que son parte de un grupo étnico, “no cuentan con una defensa adecuada porque se encuentran en una situación de marginación cultural, social y económica”.
Además, que las “detenciones” siempre se dan “basadas en apariencia y sospecha como una forma de limpieza social”.
Y en el caso de la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes no son investigados y se mantienen en la impunidad y se fomenta a que se siga practicando esa práctica ilegal de investigación.
El pasado 25 de abril, se presentó en Ginebra, Suiza, el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra La Tortura de la Organización de Las Naciones Unidas (CAT-ONU) (2), donde se recomendó al Estado mexicano, “atender las causas estructurales, escala y características específicas de la tortura cometida contra personas y pueblos indígenas”.
Y en el contexto de la presentación de las conclusiones del CAT-ONU, el próximo 17 de mayo, el Frayba urge al Estado mexicano a respetar la integridad personal de los seis detenidos que este lunes reiniciaron un ayuno en los penales de Comitán y San Cristóbal de las Casas y garantizar los derechos de libre expresión y organización de ellos y sus familias.
