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La Paz.- Por los presuntos delitos de “peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad”, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) abrió diez investigaciones contra funcionarios de la pasada administración, que encabezó Carlos Mendoza Davis.
El procurador del estado, Daniel De la Rosa Anaya, confirmó en conferencia de prensa que siete de ellas están por concluir la etapa de integración y en tres ya se ejercitó acción penal; no obstante, por la confidencialidad de las mismas dijo no poder abundar más al respecto.
Con todo, ratificó que son expedientes en donde aparecen como probables responsables a funcionarios de la administración pasada.
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío , por su parte, declaró que estas denuncias son resultado de la auditoría aplicada al asumir las funciones y pidió a la población comprensión ante la tardanza de estos procesos.
“Ya van a judicializarse, dentro de muy poco”, expresó.
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El mandatario manifestó que no se trata de una “cacería de brujas”, sino de fincar responsabilidades a quienes dejaron en crisis financiera a la entidad, y refirió que ha tenido que solicitar préstamos a corto plazo para pagar obligaciones.
“No habrá impunidad”, afirmó el mandatario al tiempo que sostuvo que tendrán que explicar ante las autoridades de justicia sobre los recursos faltantes.
“Yo les dije al inicio de mi administración, cordialidad política no significa complicidad, pero el procedimiento ha sido tardado… pero de ningún modo va a haber un como que ahí nos vemos. No”, manifestó.
El pasado 13 de octubre se conoció sobre la primera denuncia que dio como resultado la vinculación a proceso de la ex titular del Instituto de Vivienda de BCS (INVI), Rosalba “N”, a quien se le acusa presuntamente de haberse “autoliquidado”, con un monto de casi 2 millones de pesos, que se habría cometido en septiembre de 2021, al término de la gestión en dicho instituto.
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afcl