Zacatecas.- Este lunes inició una fuerte pugna jurídica entre el gobierno estatal y municipal de Zacatecas, luego de que hoy se realizara la clausura de la obra del viaducto elevado, encabezada por el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, ya que este fin de semana el gobierno de David Monreal Ávila comenzó con los trabajos de construcción.
Sin embargo, el ayuntamiento ha informado que se procedió a la suspensión, debido a que no se cuentan con todos los permisos, por ende, se colocaron los sellos sobre la maquinaria que realizaba los trabajos.
La clausura se realizó cuando se desarrollaba una marcha emprendida por integrantes de la ciudadanía, entre ellos, catedráticos e investigadores que desde un inicio se han opuesto a la construcción del segundo piso, a cuya movilización se integró el alcalde sobre el bulevar López Mateos.
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Cerca de las 11:00 horas, el alcalde Miguel Varela emitió un posicionamiento en donde anunció que el ayuntamiento capitalino, a través de Protección Civil, suspendía la obra, “debido a la falta de dictámenes técnicos de seguridad y la carencia de permisos necesarios”
Explicó que, incluso, durante la administración municipal anterior se solicitaron 42 requisitos necesarios para la aprobación de esta obra, en los que se incluyen “las evaluaciones de riesgos en movilidad, medio ambiente, seguridad vial, cuidado de los edificios, protección de peatones y vehículos, así como un análisis de factores de riesgo general”, pero, aseguró que “hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha cumplido con estos puntos”.
En el pronunciamiento, Varela señaló que, “de manera flagrante y rapaz”, el gobierno del estado quiere realizar una obra a la que calificó como “el robo del siglo”, al señalar que el segundo piso tendrá un costo de tres mil 600 millones de pesos, sin embargo, anticipó que en los años subsecuentes esa cifra podría aumentar a cinco mil millones.
Consideró que en esta obra se planea “un fraude”, al argumentar que “se hizo una bolsa de mil 900 millones de pesos en un fideicomiso para que no tengan que licitar la obra, privatizaron el dinero, ya no es público, por tanto, quieren ejercerlo sin reglas y robárselo al pueblo sin mayor problema legal”, dijo.
Afirmó que el segundo piso no es alternativa de movilidad y que pone en riesgo la inscripción de Zacatecas como una de las 10 Ciudades Patrimonio de la Humanidad declaradas por la UNESCO, además, dijo que “se provocará el colapso del comercio y la economía de la ciudad”.
Cerca del mediodía, por medio de un megáfono, el alcalde anunció que durante una hora se intentó hablar con la empresa Hycsa que realiza los trabajos, pero, ante la negativa de su personal de recibir la notificación, dijo que se procedía a colocar los sellos en la maquinaria, junto con el oficio y ordenó al personal de Protección Civil municipal estar vigilantes para que no se reactiven los trabajos.
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Miguel Varela aprovechó el uso de la voz para responsabilizar al gobernador David Monreal de lo que le pueda suceder a él y a toda su familia, así como a cualquier funcionario municipal o de los manifestantes que se oponen al segundo piso.
Al respecto, el gobierno de Zacatecas, a través de la Coordinación General Jurídica, por la tarde, emitió un comunicado para condenar, lo que consideran son “acciones arbitrarias y realizadas fuera del contexto que el Estado de Derecho” y también se anuncia que “en el momento que así lo amerite, acudiremos ante las instancias competentes para realizar las exigencias y señalamientos que haya lugar”, se lee en el texto.
En esa postura se refiere que el gobierno estatal reconoce “el respeto irrestricto a todas y cada una de las autoridades e instituciones públicas que a la fecha, encuentran facultades y sustento legal en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanan”.
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Se advierte que “no existe ni existirá tolerancia humano actos realizados por particulares o de autoridades llevados fuera de la legalidad competencia y enmarcadas en la órbita variedad e intereses políticos”.
Se insiste que confían en el actuar de “las instituciones de procuración y administración de justicia” y se exhorta a las autoridades municipales y a quienes se manifestaron este día “a la reflexión y seguimiento a la ley de todos y cada uno de sus actos”.
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