Zacatecas.- Tras la denuncia pública de Virginia de la Cruz sobre las deficiencias en los Servicios Médicos Forenses de la Fiscalía de Zacatecas, donde tardaron ocho meses en entregarle el cuerpo de su hijo, el caso derivó en sendos pronunciamientos de colectivos de personas desaparecidas que afirman que “es sólo un reflejo de una crisis generalizada” en el estado y en el país, además de que el organismo local de Derechos Humanos inició una queja en contra de las autoridades responsables.
Por su parte, el fiscal Cristian Camacho Osnaya informó a EL UNIVERSAL que desde ayer que tuvo conocimiento de lo ocurrido con la denuncia de la madre buscadora, ordenó una investigación interna contra los servidores públicos que pudieran resultar responsables de la omisión y que pudieran tener alcances penales.
Aseguró que se atenderá a fondo esta situación y adelantó que se adentrará con mayores acciones para atender todos los asuntos relacionados con servidores públicos de esta institución, incluso, resaltó que hace dos meses ya realizó un cambió en la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, al señalar que es una de las áreas que busca fortalecer.
Mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informó que derivado del testimonio que dio la madre buscadora en el Congreso del Estado y difundido en medios de comunicación, se inició una queja de manera oficiosa para investigar la presunta responsabilidad de las autoridades señaladas.
Cabe mencionar, que esta situación se conoció este jueves, debido a que Virginia irrumpió en foro de consulta que se realizaba en la Legislatura de Zacatecas, donde rompió en llano y exigió justicia, al mencionar que apenas el pasado sábado pudo dar sepultura a su hijo José Alejandro de la Cruz López, de 21 años de edad, quien desapareció el 2 de noviembre del año pasado, pero, pese a que en reiteradas veces acudió a la Semefo, donde dejó todos sus datos y se le practicaron los estudios de ADN, jamás le notificaron que desde el 30 de noviembre lo tenían en la morgue.
De acuerdo a las versiones que públicamente ha revelado Virginia, su hijo trabajaba en un taller de herrería y carpintería, ubicado en el fraccionamiento Jardines de Sauceda en el municipio de Guadalupe, de donde se lo llevaron.
Incluso, ha mencionado que también su yerno está desaparecido desde hace tres años, de quien a la fecha no se sabe nada de su paradero. Después, ocurrió la desaparición de su hijo, incluso, refiere que toda esa angustia acumulada en todos esos meses de búsqueda se ha enfermado, al grado de depender de medicamentos controlados, porque no había día que no pensara en lo que pudiera estar sufriendo su hijo.
Luego que se enteró que el cadáver de su hijo ingresó a la Semefo desde el mismo mes que desapareció, dijo que decidió romper el silencio, “porque no se vale lo que hacen con nosotros, las madres buscadoras (…) no hacen nada, porque mucha gente nos quedamos calladas, pero ya basta, le pido a toda la gente que tenemos gente desaparecida que exijan al gobierno que les muestre cada cadáver que tengan, ahí, en la Semefo”.
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Tras salir a la luz pública este hecho, el colectivo Sangre de mi Sangre emitió un pronunciamiento para señalar que “este doloroso caso es sólo un reflejo de una crisis generalizada” en el estado y el país.
En ese documento se menciona que en México hay 115 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar, mientras que en Zacatecas suman entre tres mil 800 y cuatro mil casos desparecidos y que tienen información de que en la entidad “por lo menos hay 952 cuerpos sin identificar. Una crisis forense de magnitudes alarmantes”.
El colectivo reprocha que “es una constante la ineficacia de las instituciones y los malos tratos que reciben las familias de las víctimas en sus acciones de búsqueda, siendo revictimizadas y criminalizadas constantemente por funcionarios públicos. Si no fuera por el empeño y valor de las familias oara buscar a sus seres queridos, la crisis de desaparición estaría invisibilizada y aún peor atendida”.
Confirman que en el camino han conocido de muchos casos que replican el patrón denunciado por Virginia de que no se avisa ni notifica a las familias sobre los proceso de identificación: “lamentablemente por temor, amedrentamiento e inseguridad las familias no pueden denunciar abiertamente las situaciones”, dice el pronunciamiento.
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Por ende, piden a las instituciones gubernamentales a que no tomen este hecho como un caso aislado y señalan que se requiere de un compromiso real con la implementación de políticas claras para la identificación forenses y restitución con dignidad a las víctimas.
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