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Ingresan a penal a exedil de León por peculado

Se le acusa por malversación de más de 1.5 mdp; “contrató a empresas fantasma en su gobierno”

Botello Santibáñez promovió amparos debido a las acciones que había ejercido en su contra la PGJE, hoy fiscalía, por daño patrimonial. Foto: TOMADA DE FACEBOOK
31/05/2019 |00:24Xóchitl Álvarez / Corresponsal |
Redacción El Universal
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León.— La exalcaldesa de León, la priista Bárbara Botello Santibáñez, fue ingresada al Cereso de esta ciudad en espera de que el Juzgado Tercero Penal resuelva su situación jurídica por el delito de peculado por más de un millón 577 mil 600 pesos en detrimento del ayuntamiento.

A la exedil se le imputa la contratación de “empresas fantasma” para la prestación de servicios de asesoría y auditoría durante su gobierno (2012-2015).

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Ayer, fue puesta a disposición de la jueza Cristina Rábago Morales en una “audiencia privada” del sistema de justicia tradicional en la que se reservó su derecho a declarar debido a que no fue posible que se le diera a conocer el contenido total del expediente que existe en su contra y que consta de 39 tomos y miles de hojas.

La jueza determinará su situación jurídica dentro de las 72 horas. “Estamos en manos del Poder Judicial, creemos en la imparcialidad del Poder Judicial”, dijo su defensa.

Edmundo Iván Lozano Serna, uno de los abogados de Bárbara Botello, explicó que por el tipo de delito que se le atribuye, iniciado con el anterior sistema de justicia, no alcanzaría libertad bajo fianza. En caso de que fuera sujetada a proceso, se buscaría su libertad a través del nuevo sistema de justicia, que es más garantista.

Señaló que un equipo de abogados estudiará la averiguación previa que está relacionada con algunos contratos del año 2013 y se harán valer los medios defensivos.

El contralor municipal, Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, explicó que en 2015 se presentó una denuncia en contra de Botello Santibáñez por la afectación al patrimonio público por contratos de servicios, asesoría y auditoría para la Tesorería con “empresas fantasma” que se concretaron en su administración, con un daño al erario por la cantidad de un millón 576 mil 600 pesos.

Dijo que existen más denuncias por detrimento al patrimonio público, en las que la Contraloría ha coad-yuvado con el estado para llevar el proceso que tiene más de cuatro años, en el que la Fiscalía Anticorrupción logró la orden de captura.

Bárbara Botello fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (FGE) a las 6:00 horas de ayer.

El abogado Lozano Serna dijo que su clienta le ha solicitado transparentar todo. “Nos pidió a sus abogados dar una explicación a los medios de comunicación, evidentemente no es deseo de la licenciada Bárbara Botello esconder lo que está pasando; por el contrario, que esto sea trasparente, de cara a la sociedad, por ser un asunto de interés público”.

Junto con los diputados Guadalupe Guerrero y Hugo Varela, Gómez Fragoso resaltó que “es sumamente importante que las acciones que se tomen en relación a este tipo de actos sea con estricto apego a Derecho y no nada más un acto de revanchismo político”.

La imputación. En la averiguación previa 101/2015, iniciada en octubre de 2015, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción le imputó el uso de recursos públicos para el pago de “empresas fantasma”.

En esencia precisó la presunta comisión de hechos consistentes en contratar empresas denominadas Participación en Proyectos Gova S.A. de C.V.; Asesoría Especializada Aspecto Aeesa S.A. de C.V. y Advise Experts Trilogy S.A. de C.V.; que no prestaron servicio alguno y que dispusieron indebidamente del patrimonio público, la existencia de “empresas fantasma”, redes de corrupción y la realización de actos orquestados para intentar dar apariencia de legalidad y aprovecharse y disponer ilícitamente de los recursos de la administración municipal.

La exedil había promovido recursos de amparo en contra de las acciones que había ejercido en su contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy fiscalía) aparentemente por ser presunta responsable de un daño patrimonial a la administración pública de León durante su periodo de gobierno.

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