Seis tzotziles pertenecientes a un grupo de desplazados por la violencia política en Chenalhó, iniciaron hoy una huelga de hambre afuera del palacio estatal de gobierno para demandar la libertad de Javier Cruz López y José Cruz Gómez, además de asistencia institucional y retorno garantizado comunitario de 249 expulsados que permanecen en “plantón” desde hace ocho días en Tuxtla Gutiérrez.
En la huelga de hambre se involucran Ezequiel Cruz López, de 22 años; Araceli Cruz López, de 23 años; Romeo Cruz López, de 26 años; Alonso Gutiérrez Cruz, de 34 años; Bersaín Hernández Cruz, de 18 años y Miguel López Santiz, de 35 años.
Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik , informó que Javier y José, padre e hijo, respectivamente, fueron sentenciados “sin elementos de prueba” a cinco años y cuatro meses de prisión por el homicidio de Guadalupe Cruz Hernández, asesinado a balazos el 26 de mayo de 2016.
Los dos tzotziles “fueron privados de su libertad de manera arbitraria ; el caso se encuentra en mesa de apelación, les fabricaron delitos pese a que la defensa demostró que no existen pruebas en su contra”. Mañana, la sala mixta de San Cristóbal de las Casas debe resolver la situación jurídica; pedimos que no se difiera la audiencia y se resuelva conforme a derecho ”, demandó el abogado y experto en derechos humanos .
“Los sentenciados fueron acusados del homicidio el día que fueron agredidos, cuando volvían del nombramiento del presidente sustituto Miguel Santis Álvarez. Ahí murió Guadalupe Cruz Hernández, quien fue asesinado frente a sus familiares”, recordó.
Cadenas Gordillo dijo que para el retorno seguro de los 249 desplazados en plantón desde hace ocho días afuera del palacio estatal de gobierno , se requiere el cese “ de la fuente de amenazas ” que sólo procederá cuando se integren órdenes de aprehensión en contra de los agresores, pero éstas no las solicita aún la Fiscalía General del Estado .
Es necesario “desarticular al grupo de corte paramilitar que viene de 1994, que también participó en la masacre de Acteal y permanece activo en el contexto electoral y beneficia a Rosa Pérez, la alcaldesa de Chenalhó”, sostuvo.
A un año y nueve meses de la salida forzada del ejido Puebla, los 249 indígenas se encuentran en condiciones precarias y sobreviven con la ayuda solidaria ciudadana. En el grupo se encuentran 116 niños que no asisten a clases y cinco bebés que nacieron fuera de la comunidad .
Cadenas Gordillo agregó que el gobierno no garantiza los apoyos básicos de vivienda , salud , educación , alimentación y acceso a la justicia para las familias que sobreviven en cuartos rentados en San Cristóbal de las Casas.
“Por tanto, se debe acatar además la ley para la prevención y atención de desplazamiento forzado en Chiapas para que se canalice el sustento emergente y el posterior retorno comunitario digno y seguro”, abundó.
A los 249 desplazados del ejido de Puebla se suman más de mil expulsados en Chiapas, entre ellos, casi 800 pobladores del municipio de Chalchihuitán, derivados por conflictos de límites territoriales y por “la misma violencia política ” impulsada por Rosa Pérez.
Hay 120 personas en Ocosingo, 45 personas en Zinacantán y 100 personas más en el municipio de Huixtla que fueron damnificados por el huracán “Stan”, fenómeno que golpeó la región en el año 2005.
etp