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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigará el presunto enfrentamiento en el que fallecieron 14 civiles y un militar en la localidad de Tepochica de Iguala, Guerrero.
El organismo autónomo inició de oficio un expediente de queja para investigar a detalle el evento suscitado el pasado 15 de octubre, y que fue difundido, en primera instancia, por Roberto Álvarez Heredia, vocero de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz de Guerrero.
“Este organismo constitucional autónomo dispuso que un equipo multidisciplinario de visitadores adjuntos, médicos, forenses, criminalistas y sicólogos se traslade al lugar de los hechos para realizar las diligencias necesarias que permitan conocer lo ocurrido”, informó la CNDH en un comunicado.
La decisión de la comisión nacional se dio después de que expertos en seguridad y organizaciones de la sociedad civil alertaran sobre la posibilidad de que el Ejército haya incurrido en un uso excesivo de la fuerza contra los civiles que perdieron la vida.
La dependencia presidida por el ómbudsman Luis Raúl González Pérez indicó que su intervención es para “que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales sucesos y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas, así como propiciar que mecanismos o protocolos de actuación por las autoridades eviten, en lo posible, la repetición de los hechos”.
De esta manera, en poco más de un mes, la CNDH inició dos investigaciones que implican enfrentamientos entre células delictivas y autoridades: el primer caso fue el de la presunta ejecución extrajudicial cometida por policías de Tamaulipas en contra de cinco hombres y tres mujeres.
Tanto en este caso como en el de Tepochica, la CNDH dijo que seguirá pendiente de la evolución de los acontecimientos para en su momento emitir una resolución.
Mientras esto ocurre, el silencio y el miedo se ha apoderado del poblado de Iguala. Durante estos días, se han difundido imágenes en las que se observan los cuerpos de los presuntos criminales abatidos; este material gráfico provocó que incluso especialistas como Héctor de Mauleón o el senador Emilio Álvarez Icaza calificaran este evento como el “Tlatlaya de la 4T” o la “primera masacre del Ejército en los tiempos de la 4T”.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió que sus elementos aplicaron la ley sobre el uso de la fuerza tras ser atacados por un grupo criminal.
“[El grupo de militares] aplicó su disciplina y adiestramiento especializado para reaccionar ante agresiones de este tipo, de manera oportuna y contundente, empleando su equipamiento y material con que están dotados”, expresó el Ejército en un comunicado.
Sobre este tema también ha opinado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los hechos ocurrieron en una rutina de vigilancia: “Tengo el informe de que [el enfrentamiento] fue en la rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes: se encuentran frente a frente y le disparan al cabo que va adelante con la ametralladora; él encabezaba el convoy, y perdió la vida, pero todavía herido dispara y le quita la vida a los agresores”.
Entregan cuerpos. Los 14 cuerpos de civiles asesinados en el presunto enfrentamiento con militares fueron identificados y entregados a sus familiares. Entre ellos estaba un menor de edad.
Los 14 cadáveres se encontraban en la funeraria Ángel, que hace funciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), y añadió que todos son originarios de Guerrero.
El director general del Semefo, Ben Yehuda Martínez Villa, señaló que desde la mañana del miércoles comenzaron a entregar los cadáveres. Entre los muertos estaba un menor de edad, de 17 años.