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San Luis Potosí.— La Contraloría General del Estado potosina investiga las compras que se realizaron en el sexenio pasado, por más de 189 millones de pesos, a un outsourcing cuando los empleados se encontraban en sus casas por la pandemia del Covid-19.
En ese entonces se realizaron adquisiciones a la empresa Lujime, de cartuchos de impresora, material de limpieza y papelería con presumible sobreprecio y en cantidades exageradas.
De acuerdo con las primeras revisiones, la Contraloría General del Estado detectó que el exgobernador, Juan Manuel Carreras López autorizó, a través de la Oficialía Mayor, diversos gastos millonarios de dudosa legalidad durante gran parte de su sexenio.
Por ello, se realiza la investigación para determinar si las mercancías fueron entregadas o no, si cumplían con las especificaciones, si hubo sobreprecios y si los proveedores cumplían con los requisitos y si estaban a salvo de conflictos de interés.
Sin embargo, las compras se efectuaron, en gran parte, cuando la pandemia asolaba la entidad y casi el 100% de la burocracia y funcionarios estaban bajo la modalidad de home office.
Los extitulares de la Oficialía Mayor que están sujetos a investigación, al igual que los proveedores, son: Elías Pesina Rodríguez, ahora regidor capitalino; Ada Amelia Andrade Contreras, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy secretario general del ayuntamiento capitalino y Miguel Ángel Carbajal Martínez.
Con los primeros resultados del análisis de la Contraloría se detectó que sólo en consumibles de cómputo, el gasto ascendió a 192 millones 754 mil 498 pesos, de los años 2017 al 2020; el proveedor favorito resultó Lujime Comercialización S.A. de CV.
Esta empresa recibió la mayor cantidad de dinero, que asciende a 113 millones 96 mil 231 pesos, lo cual resulta a simple vista un exceso, porque el principal producto habrían sido toners o cartuchos para impresora y recargados, no originales, memorias USB u otros artículos de bajo precio, agregó.
La Contraloría de San Luis Potosí explicó: “Como representante y socio de esta empresa aparece José Luis Martínez Delgado y otorgó poderes a Soledad Freyre Ramírez; otra socia es Martha María Magdalena López Machuca.
“Otros proveedores con montos menores fueron María Blanca Centeno Cárdenas, Administradora y Servicios Computacionales SA de CV, del exdirigente empresarial Rodolfo Narro Loris, Benjamín Romero, Matilde Luz Bocard Meraz, Pedro Arriaga Gamboa, Jorge Jaime Gómez Martínez y Félix Estuardo Bocard Meraz.
“MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., de León, Guanajuato, propiedad de Eduardo Gustavo, Salvador y Aurelio Morales Corona; Lira y Hernández S.A. de C.V., del Distrito Federal, y propiedad de María Alejandra Lira González y Guadalupe Claudia Hernández Almaraz; y Abastecedor Corporativo S.A. de C.V., del Estado de México y cuyos dueños son José Armando y Edgar Glika Ochoa.
“Lujime Comercialización S.A. de C.V., cuya sede está ubicada en Miguel Barragán 773-A, en el barrio de San Miguelito, con su fachada da la apariencia de ser un almacén, y en una lona describe sus servicios y se precisa que es una “Outsourcing especializado en compras”.
“Esta empresa no solo fue la más favorecida en el anterior gobierno con la compra millonaria de consumibles de computación, también lo fue con artículos de papelería y limpieza.
“En papelería, de los años 2017 al 2020, le vendió al gobierno 58 millones 555 mil 533 pesos; en el 2020 hubo una ampliación al ejercicio (de presupuesto) por más de 10 millones de pesos en beneficio de Lujime Comercialización S.A. de C.V. y en menor medida de Papelería Foyo, otra proveedora que habría recibido alrededor de 15 millones de pesos en ese mismo año.
“En total, durante el periodo referido, el gasto fue de 101 millones 756 mil 454 pesos, repartidos entre Lujime Comercializadora S.A. de C.V., que se llevó más de la mitad, las personas físicas María Blanca Centeno Cárdenas, Jesús Manuel Barba Guerrero y Luis Alejandro Uresti Cerrillos; y la mencionada Papelería Foyo”.
Asimismo, la Contraloría expone que en material de limpieza, de 2017 a 2020, el gastó asciende a 53 millones 293 mil 591 pesos, de los cuales Lujime Comercializadora S.A. de C.V. se llevó 17 millones 587 mil 669 pesos, fue superado por Lucía Flores Rodríguez, con 21 millones 203 mil pesos 84 pesos.
Otros proveedores con cantidades inferiores fueron Dalce del Centro S.A. de C.V., María Blanca Centeno Cárdenas y Serlimax Servicios Profesionales S.A. de C.V.
La outsorcing Lujime Comercialización se echó a la bolsa en cuatro años, durante el gobierno estatal anterior, por lo menos 189 millones 239 mil 433 pesos, mediante adjudicaciones directas, y sobre la empresa recae la sospecha que fue utilizada, por el exgobernador y sus colaboradores para saquear al erario simulando compras y con un elevado sobreprecio, por lo que se realiza la investigación, por parte la Contraloría General del Estado.
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