Pachuca.— Trece alcaldes en activo de Hidalgo son investigados por participar en un desvío al erario estatal por alrededor de 840 millones de pesos y que podría alcanzar los 2 mil millones, en un caso que se ha denominado la “estafa hidalguense”.
De los 13, ya se giraron órdenes de aprehensión contra cinco. Tres fueron detenidos y vinculados a proceso, uno más fue aprehendido y liberado horas después por un amparo, y desde ayer se le considera evadido de la justicia por no presentarse a la audiencia. El quinto también está evadido. En ocho casos más se integran los expedientes.
Las irregularidades fueron detectadas durante el proceso de entrega-recepción entre el gobierno saliente de Omar Fayad y Julio Menchaca Salazar.
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Uno de los despachos encargados del proceso de entrega-recepción —encabezado por Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo—, detectó movimientos irregulares en documentos de la Secretaría de Finanzas estatal.
En particular se trató de una partida de recursos extraordinarios que no estaba prevista en el Presupuesto de Egresos. Por lo general estos fondos llegan a través de transferencias del gobierno federal que se envían a los gobiernos estatales y que son asignados a solicitud de las presidencias municipales.
Sin embargo, en este caso los recursos fueron a discrecionalidad y se entregaron en enero pasado, en un tiempo récord de tan sólo cinco días.
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Al investigar el gasto de estos recursos se encontró el mismo modo de operación, en el que los ediles usaron empresas fachada para los desvíos.
Santiago Nieto explicó a EL UNIVERSAL que en todos los casos se usaron empresas fachada para simular contrataciones gubernamentales.
“Hemos encontrado en seis municipios 200 millones [desviados de manera irregular], después se amplió a 500 millones, y también tenemos un par de contratos muy raros, de 200 millones y 140 millones, en la última etapa”, expuso.
Señaló que el monto global de lo que se investiga podría superar los 2 mil millones de pesos.
Indicó que, además de los 13 alcaldes, en esta estafa hay un autor intelectual, quien sería un secretario de la administración pasada, pero también podrían estar involucrados al menos otros cuatro, de quienes ya se cuenta con las denuncias correspondientes. En ninguno de los casos reveló sus nombres por la secrecía de la investigación.
Empresas fachada
Nieto Castillo indicó que se realizó una inspección en los domicilios fiscales de las empresas a las que presuntamente se compraron algunos insumos.
Según los documentos, se habían constituido en Jalisco, Oaxaca e Hidalgo, todas con oficinas filiales en esta entidad. Al hacer la inspección se detectaron casas-habitación y departamentos que no tenían características de una sociedad mercantil.
Todos los sitios se encontraban desocupados, por lo que no se pudo tener la declaración de ningún representante. En estos lugares presuntamente se adquirieron productos en materia de salud, arrendamiento de maquinaria, así como de sistemas informáticos como aplicaciones de celular y páginas web.
Todas las empresas relacionadas con esta estafa, advirtió el funcionario, tenían las mismas características: eran de reciente constitución, todas fuera del estado y con oficinas con características de empresa fachada.
“El recurso extraordinario fue enviado de las cuentas de Finanzas [estatal] a las [cuentas] de los ayuntamientos; de esta manera los ediles podían disponer y realizar los movimientos a través del Token hacia las empresas fantasma”, indicó.
En algunos casos, precisó, los tesoreros municipales realizaron el movimiento por instrucciones del alcalde.
Sobre la posible participación de los tesoreros, Nieto Castillo destacó que “se mantiene la investigación hacia abajo y hacia arriba”, en cuanto a la responsabilidad de funcionarios.
Con los municipios más pobres
Una de las características que tienen los municipios señalados en la “estafa hidalguense” es la pobreza y marginalidad de sus comunidades.
Hidalgo es uno de los estados con mayor número de pobreza, con un millón 570 mil habitantes en esta situación, de los cuales 252 mil están en pobreza extrema y 583 mil en rezago educativo.
En Huautla, municipio de la sierra, Felipe “N” (PRI) habría desviado 26 millones 615 mil 780 pesos. En este caso, la Secretaría de Finanzas autorizó dos fondos como recursos extraordinarios, uno por 14 millones 615 mil 780 pesos para rehabilitación y mejoras de vías de comunicación, y para ello se “contrató” a la empresa TX S.A. de C.V.
El segundo fue de 12 millones de pesos, para insumos contra el Covid-19, presuntamente adquiridos a GCC S.A. de C.V.
En Yahualica, también en la sierra, Elías “N” (PRI) habría desviado 29 millones 224 mil 727 pesos. A esa demarcación se entregaron los recursos para adquirir un sistema integral de apoyo, así como para fumigación y la compra de arcos sanitizantes. La empresa involucrada fue AD S.A. de C.V.
En Nopala, Luis Enrique “N” (Morena) habría desviado 71 millones 960 mil 890 pesos. Este municipio tiene como característica ser uno de los más inseguros, donde presuntamente operan grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburo y al narcomenudeo.
En las últimas horas este alcalde fue declarado como evadido de la justicia. El domingo pasado estuvo en la capital en la marcha de apoyo al Presidente.
En Epazoyucan, Fidel “N” (PRI) es señalado por el uso ilícito de 14 millones 215 mil 780 pesos, que debían ser para la rehabilitación de caminos, para lo cual arrendó maquinaria a la empresa GCIC S.A. de C.V.El alcalde de Huazalingo se encuentra prófugo.
El monto global que habrían desviado los alcaldes de Huautla, Yahualica, Nopala y Epazoyucan asciende a 172 millones de pesos. A todos se les fincaron los delitos de uso ilícito de atribuciones, que tiene una penalidad de uno a ocho años de prisión, y peculado agravado, que puede alcanzar hasta 14 años de cárcel.
El catedrático del Instituto de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Mario Cruz Cruz, advierte la importancia de visibilizar que en esta estafa se trata de actores políticos, y la investigación manda un mensaje directo: “La política no debe ser considerada como hacedora de riqueza”, dijo.
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