Matías Romero.— Con demandas sociales pendientes de cumplir, estaciones todavía en proceso de construcción y sin vigilancia alguna para garantizar la mitigación de daños ambientales, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará este viernes la rehabilitación del Tren Transístmico, considerado la columna vertebral del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y que brindará servicio de pasajeros en el tramo que corre de los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, al de Coatzacoalcos, en Veracruz.
Según datos oficiales, la rehabilitación de los 300 kilómetros de la red ferroviaria, que incluyó cortes de curvas y de laderas, costó 3 mil millones de pesos que se repartieron entre las empresas Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA) y Construcciones Urales, La Peninsular, Grupo Diamante, Caltia Concesiones, Comsa Infraestructuras, Ferro Maz, Constructora Torres, Asociados Janus y Chiñas Constructores, mismas que realizan las obras desde hace más de tres años.
En junio de 2020, el Presidente dio el banderazo de salida a los trabajos desde la estación ferroviaria de Medias Aguas, Veracruz, y con ello inició la modernización de las vías, ante la incertidumbre y resistencias de los pobladores de las comunidades indígenas.
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Obras a medias
De acuerdo con un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, la mayoría de las seis estaciones donde hará paradas el Tren Transístmico, en la parte que le corresponde al sur de Oaxaca, aún siguen en proceso de construcción. La excepción es la de Salina Cruz, punto de salida y llegada del ferrocarril de pasajeros.
Esto lo confirma el presidente municipal de San Juan Guichicovi, Heriberto Zacarías Luis, quien reconoce que la estación correspondiente a Mogoñé aún está en proceso de construcción. “No está terminada, pero seguramente la concluirán pronto”, señala.
La estación más grande del trayecto, la de Matías Romero, no tiene ni 30% de avance, revelan los obreros que hace apenas una semana suspendieron labores porque la constructora no les cubría sus salarios correspondientes a un mes.
Según fuentes gubernamentales, en Matías Romero se instalará el centro de mando para las operaciones de los ferrocarriles de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, entrelazando la operación de los trenes Transístmico, Maya y Panamericano o Línea K, que correrá de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera sur.
Sin embargo, los avances que lleva la obra son discretos.
“Aún falta mucho para terminar la construcción de la estación y demasiado para concluir con el centro de mando y de capacitación de conductores de trenes para el sureste del país”, reconocen obreros.
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La estación de Chivela, que pertenece al municipio de Asunción Ixtaltepec, también sigue en proceso. Pero las obras sin concluir de las estaciones no son los únicos pendientes. Según ciudadanos que viven en las localidades de la zona norte del Istmo, en los límites de Oaxaca y Veracruz, todavía faltan por cambiar al menos 30 puentes ferroviarios.
Mientras que en temas sociales, en varias comunidades aún se espera la construcción de clínicas, hospitales y escuelas de nivel superior, prometidas por el gobierno federal para que los habitantes de las comunidades aceptaran las obras.
Consultas a modo
Las obras sociales acordadas con las comunidades para permitir los trabajos de modernización nacieron en las asambleas regionales consultivas realizadas por dependencias federales a fines de marzo de 2019, mismas en las que se incumplieron los protocolos y de las cuales no se pudo acreditar la participación de las comunidades originarias, según la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, en esas asambleas participaron poco más de 3 mil autoridades municipales y agrarias de las comunidades de todas las etnias del sur de Oaxaca y Veracruz, quienes avalaron el proyecto de modernización del Tren Transístmico.
Pese a ello, en la Auditoría de Desempeño 2019-1-47AYH-07-0257-2020 257-DE, cuyo objetivo fue “fiscalizar el cumplimiento del objetivo del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT)”, no hay evidencia que respalde que se hayan ejecutado las 21 asambleas, pero, sobre todo, que se haya cumplido con el objetivo de dicha consulta: acreditar la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.
A ello se suma que, en opinión de ambientalistas, biólogos y representantes de organizaciones sociales, la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) violó la autorización “condicionada” que le otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en mayo de 2020, porque no ejecutó acciones para mitigar, remediar o compensar los daños a la flora, fauna y espejos de agua.
El gobierno federal tampoco tomó en cuenta las necesidades comunitarias de infraestructura social y ocultó información respecto a los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos de este megaproyecto sobre sus territorios.
Además, las organizaciones acusan la criminalización de la protesta social, pues hasta el momento se contabilizan 17 carpetas de investigación en contra de defensores del territorio en Mogoñé Viejo.
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