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Este 16 de diciembre se cumplen 10 años del feminicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, cometido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y el balance actual del caso es desastroso: no se han resuelto omisiones e irregularidades ni se ha castigado a funcionarios y exfuncionarios que operaron durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.
Tampoco los daños provocados a los familiares —quienes actualmente viven en Estados Unidos por amenazas a su integridad— han sido reparados, menos aún se les ha ofrecido una disculpa pública. Es decir, el suceso quedó en la impunidad y no se impartió justicia para Marisela, ni tampoco para su hija Rubí Frayre, quien también fue asesinada y por quien Escobedo inició una defensa férrea por todo el país entre 2008 y 2010.
Así lo revela la investigación que derivó en el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, coproducida por Netflix, Vice y Scopio —basada en la revisión de 3 mil 707 fojas de expedientes, 21 horas de audiencia y los diarios de la familia, así como más de 100 solicitudes de información y la elaboración de una línea del tiempo de 342 eventos suscitados—, y cuya versión extensa se puede consultar en el interactivo de El Gran Diario de México.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, señala que no se ha hecho justicia, no se han reparado los daños ni tampoco el gobierno de Chihuahua ha ofrecido una disculpa pública tras una década.
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Por lo anterior, han comenzado a revisar la recomendación 44/2013 —que documentó cómo el gobierno de Chihuahua violó el acceso a la justicia, a los derechos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la debida procuración de justicia y a la verdad—, con el fin de conocer su estatus y, en caso de que sea necesario, reabrirla.
“Estamos en ese proceso de revisión de esa queja que culminó en una recomendación de esta comisión el 28 de octubre de 2013. Esta CNDH emitió la recomendación 44/2013 y está dirigida al gobernador de aquel entonces, César Duarte.
“En ella se le acusa de indebida procuración de justicia en agravio de Marisela Escobedo y de tres víctimas ofendidas por este delito (…) Estamos revisando esa recomendación para ver qué pasó, si se le dio el seguimiento. Estamos analizando y, en caso de ser necesario que encontremos puntos débiles, algo que se dejó de atender, nosotros la vamos a reabrir”, afirmó Piedra Ibarra.
“Aquí lo que hay que indagar (...) es qué está pasando, no sólo para la reparación integral del daño que incluye la disculpa pública, sino para garantizar la no repetición”, agregó, y señaló que la reciente recomendación general 43/2020 al Estado mexicano es uno de los ejes de su administración para fortalecer las políticas públicas contra el feminicidio.
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Ahora, el caso Escobedo se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente notificó al Estado mexicano sobre la petición inicial, y por la cual tendrá que responder en un periodo de tres meses.
Es decir, el 2 de febrero próximo deberán tener una respuesta en torno a las acusaciones vertidas que interpusieron el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), así como Mexicanos en Exilio (Mexenex).
Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que tome el caso. Sin embargo, no respondió a la petición de entrevista que este medio realizó desde el 17 de noviembre.
Consultada al respecto, la titular de la CNDH abundó que colaborarán junto con el equipo de Encinas, pero aclaró que, como organismo autónomo, estarán del lado de la familia Escobedo.
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Por su parte, durante este décimo aniversario, el abogado de la familia Escobedo, Carlos Spector, ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana sobre los avances y entregará un documento al Consulado de México en El Paso, Texas.
También, a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo el evento #UnaVelaParaMarisela, en el que se encenderán veladoras frente al Palacio de Gobierno y habrá un acto virtual con artistas como Alejandro Fraire Escobedo —hijo de Marisela—, Lavinia Ekaterina, Vivir Quintana y Narce Dalia.
Omisiones e irregularidades
La investigación de Netflix, Scopio y Vice detectó que una de las principales omisiones de la carpeta de investigación 21783/2010 radica en que, en esta década, no ha sido interrogado el principal sospechoso señalado por la familia Escobedo: Andy Barraza Bocanegra, hermano de Sergio —feminicida de Rubí Fraire.
El delegado estatal de la entonces Procuraduría General de la República en Chihuahua entre 2010 y 2015, César Peniche, quien hoy es fiscal General del Estado, no logró encontrar y hacer declarar a Andy en 10 años, pese a que el equipo del documental lo localizó y lo entrevistó en una cárcel de Estados Unidos.
Sumado a lo anterior, la fiscalía mintió en dos ocasiones: presentó en fechas distintas a dos personas como las culpables del feminicidio, sin acreditar ninguna evidencia contundente que concluyera que ocuparon el arma de fuego.
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Las autoridades señalaron a Héctor Flores Morán, El Payaso, el 15 de diciembre de 2011, y a José Enrique Jiménez Zavala, El Wi-cked, el 4 de octubre de 2012. Ambos fueron mencionados ante los medios de comunicación, sin un debido proceso y sin que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. El exgobernador Duarte Jáquez apoyó la versión de la fiscalía, aunque el Ce-dhem apeló a esa verdad oficial.
Los dos fueron asesinados en condiciones sospechosas, sobre todo El Wicked, quien fue estrangulado dentro del Penal de Máxima Seguridad Aquiles Serdán. Esto sucedió luego de que él solicitara el protocolo de Estambul el 17 de octubre de 2014.
En cuanto al arma de fuego con la que fue asesinada Marisela Escobedo, ésta apareció en septiembre de 2011 luego de que la autoridad recibiera un mensaje anónimo escrito a mano que indicaba su ubicación.
No obstante, a lo largo del expediente no se aclara verosímilmente quién dejó esa carta en las puertas de la autoridad y el arma frente a un Oxxo de la calle Escudero. No se dio con el responsable o el sospechoso de haber colocado ambas cosas. Tampoco se pudo vincular a los dos acusados con el dictamen balístico.
También la fiscalía reservó información relativa al caso Escobedo en el Acuerdo de Clasificación FGE-4C.512141212019, pese a los 10 años transcurridos: “Proporcionar información, aun y cuando sea una parte o secciones de la carpeta de investigación 19-2010-21783 [caso Marisela] vulnera la integridad de la investigación pues la Fiscalía de Distrito Zona Centro informa que la misma indagatoria constituye una sola pieza documental, la cual está en curso (...) En consecuencia, no se puede proporcionar la información, inclusive en versión pública, de la participación de Jiménez Zavala”.
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En torno al expediente 44/2013 de la CNDH, el extitular de la Quinta Visitaduría, Fernando Batista, quien estuvo a cargo del caso Marisela Escobedo, señala que la recomendación se generó hasta octubre de 2013 porque la fiscalía de Chihuahua no daba el acceso a la carpeta de investigación. Batista matiza que el punto 66 es importante debido a que, a través del oficio QVG/DGAP/00382, del 11 de enero de 2011 se dejó asentado que la fiscalía tuvo mil 16 días y no entregó nada. “Nunca lo entregaron por oficio. Se les solicita y nunca lo remiten”, apunta.
Silencios
Desde que el pasado 14 de octubre se estrenó el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, no sólo ha guardado silencio la Federación, a través de Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos, sino también el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, quien no se ha pronunciado de ninguna manera, pese a que fue crítico de Duarte Jáquez en el pasado por este feminicidio.
El 19 de diciembre de 2010 publicó una columna titulada Incompetencia e indolencia criminal, en la que apunta: “Una historia de 27 meses de denuncia, lágrimas, marchas, juicios, pruebas, amenazas, valor y temeridad, ignorada por las autoridades y, finalmente, silenciada en menos de un minuto (...) Por eso nos causa tanta indignación”.
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En otro texto que fue publicado el 6 de enero de 2015, ya en calidad de senador, hace referencia al caso de Jiménez Zavala por las versiones contradictorias de la fiscalía chihuahuense: “Estos hechos obligan a una investigación muy clara, transparente, confiable y absolutamente independiente de las autoridades estatales de Chihuahua”.
EL UNIVERSAL buscó la posición de Javier Corral; sin embargo, la vocería oficial del gobierno de Chihuahua canceló la entrevista debido a que el mandatario se encontraba fuera de la ciudad, pese a que las peticiones se realizaron dos semanas atrás. Hasta el momento, la única reacción fue la del Congreso local que aprobó una iniciativa del Partido Verde para que se erigiera un monumento en honor a Marisela Escobedo en el Palacio de Gobierno de Chihuahua.
