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Con una gran manta colocada a la entrada de la Fiscalía General del Estado en donde se leía “No al silencio”, y portando pancartas de “Justicia para Javier Valdez”, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas plantearon que a siete meses del asesinato, las autoridades federales y estatales no han obsequiado información que dé tranquilidad a la familia de que el hecho no quedará impune.
Exigieron que si el titular de la dependencia, Juan José Ríos Estavillo, no da resultados debe separarse del cargo.
Advirtieron que mantendrán el reclamo del esclarecimiento del asesinato del cofundador del Semanario Río Doce, Javier Valdez.
Ismael Bojórquez Perea, director del semanario, dijo que a siete meses del asesinato no se tienen evidencias de que el caso avance, y las autoridades federales y estatales no emiten información al respecto.
Subrayó que no se aprecia certidumbre en que el homicidio del periodista se vaya a esclarecer, y sus presuntos asesinos sean puestos a disposición de un juez.
En el plantón se leyó un documento en el que se describió que la versión de que la PGR y las autoridades estatales investigan el caso no se traduce en la divulgación de información pública de la investigación que hacen.
Óscar Loza Ochoa, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, observó que en el caso de Valdez, privado de la vida el 15 de mayo, no se observa justicia pronta y expedita.
Se recordó que el 15 de noviembre, en el sexto mes de impunidad tras la muerte violenta del periodista, se recurrió al Congreso estatal para que citara a comparecer al fiscal.
Ríos Estavillo afirmó el pasado jueves que en la carpeta de investigación se tienen avances y datos que por ley están reservados.
Precisó que la PGR guarda la titularidad y el direccionamiento de las indagatorias, la autoridad estatal es coadyuvante, y los familiares conocen parte de los contenidos de la carpeta de investigación.
