El Gobierno de Veracruz acusó formalmente a 19 ex funcionarios y ex jefes policiacos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa de la desaparición forzosa de 15 personas, entre ellos dos mujeres y dos niños.
Entre los acusados se encuentran el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita , quien actualmente se encuentra preso enfrentando los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito; a los cuales se le sumaría desaparición forzosa.
E l ex director general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado , también preso acusado del homicidio del la ex pareja de su novia; y del comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes , alias “ Comandante Black ”, también preso por otros delitos.
Además, en las ultimas horas, la Fiscalía General del Estado , con apoyo de la Policía Federal, capturó al ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza , y a 15 agentes y ex agentes de Seguridad Pública estatal.
El ex subsecretario de Operaciones y ex secretario de Seguridad en los últimos meses del 2016, José Nabor Nava Holguín, fue declarado prófugo de la justicia y el gobierno estatal ofreció una recompensa de un millón de pesos.
“Quiero expresarle a los familiares de las víctimas que mantenemos nuestro compromiso de esclarecer los lamentables casos de personas desaparecidas, y que continuaremos en coordinación con las propias familias y distintos colectivos en la lucha por encontrarlas”, informó el gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
En conferencia de prensa, dijo que Veracruz vivió durante 12 años la más brutal corrupción y desapego a la Ley; gobiernos aliados con la delincuencia que nos trajeron la inseguridad, llegando al extremo de usar la Fuerza Pública para privar de la libertad y de la vida a seres humanos, entre ellos, incluso, mujeres y niños.
“Reitero mi solidaridad profunda y sincera a todos y cada uno de los familiares y les digo que aprecio su confianza y comprensión. Con ello, seguiremos trabajando hasta llegar a la verdad y sancionar a todos los responsables”.
En los últimos cuatro años del gobierno de Javier Duarte, autoridades estatales y federales iniciaron la investigación de un total de 145 casos de “desapariciones forzosas”, es decir donde presumiblemente están involucrados agentes policíacos de diversos órdenes de gobierno.
De acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República, se trata de 87 casos del fuero común y 58 federales donde se indaga la participación de oficiales del Estado en la desaparición de personas.
Los documentos de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR, desde el 2014 al 2016 abrieron 58 averiguaciones previas por desapariciones forzosas.
En el 2014 sumaron 38; para el 2015 fueron 14 y durante el presente año 2016 van seis casos únicamente de denuncias sobre desaparición de personas donde presuntamente están involucrados policías federales, estatales y municipales.
En tanto, en la Fiscalía General del Estado han sido documentados de enero del 2013 a al 2016 un total de 87 casos de personas desaparecidas que pudieran tipificarse - según los convenios internacionales firmados por México- como “desaparición forzada”.
En un informe de la Fiscalía Especializada para la atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, se detalla que de las 87 averiguaciones, en 54 hubo señalamientos de presunta participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Fue en junio del 2014 cuando el pleno del Congreso del Estado creó el delito de desaparición forzada que se castiga hasta con 30 años de prisión a aquel agente del Estado que prive de la libertad a una persona o que ayude a algún grupo a hacerlo.
El artículo 5 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, advierte que la práctica generalizada o sistemática de este delito podrían constituir un crimen de lesa humanidad.
afcl