Michoacán.- Un juez de control determinó que fue ilegal la detención de cuatro implicados en el asesinato de un mando militar suscitado la semana pasada en el municipio de Buenavista, Michoacán.

Los hechos en los que perdió la vida el militar ocurrió el pasado 21 de febrero derivado de un enfrentamiento a tiros entre fuerzas estatales y federales con grupos armados .

Los informes de seguridad indicaron que el choque a tiros se registró adelante de la comunidad de Pinzándaro.

Lo anterior, cuando un operativo de autoridades estatales y federales transitaban por donde se registraba un enfrentamiento entre dos grupos criminales.

Al quedar entre el fuego cruzado, los militares y policías repelieron los disparos en esa zona donde se disputan el territorio los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Viagras .

El resultado inicial fue de ocho civiles muertos, así como dos militares y un policía lesionados.

Debido a la gravedad de sus lesiones, horas después murió el teniente coronel Jorge Guadalupe Barrientos Ortiz.

En ese lugar de Tierra Caliente , las autoridades detuvieron a cuatro personas como implicados en los enfrentamientos, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Este lunes, en audiencia inicial, juez calificó de ilegal la detención de los imputados, por la dilación injustificada de cuatro horas y media en el procedimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, determinó que hubo demora prolongada en la puesta a disposición de los cuatro detenidos, ante la Fiscalía General de la República , ya que se tardaron seis horas para la puesta a disposición.

Además, el juez expuso que no se encuentra justificadas las lesiones que presentan los detenidos ya que no refirieron cómo ni cuando se las produjeron.

Otros de los señalamientos fue que dos de los cadáveres encontrados en el lugar de los hechos, fallecieron por causas diversas del enfrentamiento; uno por arma blanca y el otro por un golpe policontundido en la cabeza.

El juez de control exhibió también que hubo violación a los derechos humanos de los detenidos , ya que los primeros respondientes no les dieron atención médica de manera inmediata.

Reveló que de las constancias presentadas, se desprende que a los elementos militares y policiales los trasladaron de manera inmediata al hospital, no así a los imputados, quienes fueron atendidos hasta que fueron puestos a disposición de la FGR.

Lo anterior, precisó el juez, fue un acto de discriminación en la atención y derecho a la salud de los imputados.

Durante la audiencia, el juez valoró la declaración judicial de uno de los detenidos, quien manifestó que su tío murió a causa de la múltiples golpes, pues fue torturado en el lugar de los hechos por los militares.

Ante todo ello, el juez de control dio vista contra los primeros respondientes militares y policías por el delito de Tortura, por lo que ordenó a la FGR que en un término de 10 días informe respecto a la carpeta de investigación que se llegara a iniciar con motivo de la misma.

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