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Iguala, Guerrero
En el ayuntamiento de Iguala están preocupados por la liberación de agentes de la Policía Municipal acusados de atacar y desaparecer a 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. La preocupación es, sobre todo, económica: 25 agentes —11 de ellos desde la cárcel— están demandando el pago de alrededor de un millón de pesos a cada uno por sueldos caídos, indemnización, primas vacacionales, de antigüedad y aguinaldos.
La inquietud crece cada vez más, pues el 14 de septiembre fueron liberadas otras 24 personas relacionadas con el caso; nueve son policías de Iguala que también podrían demandar el pago —aún quedan dos presos—.
La participación de la Policía de Iguala aquella noche del 26 y la madrugada del 27 está plenamente documentada por autoridades, organismo de defensa de derechos humanos y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI en su investigación documentó la participación de los agentes de Iguala en los dos momentos de mayor ataque contra normalistas: en la avenida Álvarez esquina con Periférico Norte, donde la patrulla 02 se le atravesó al camión donde iban los estudiantes y les dispararon.
El grupo de expertos, en su segundo informe, documentó a través de análisis de balística que los agentes de la Policía de Iguala, José Vicencio Flores, Hugo Salgado Wences, Rubén Aldy Martín, Luis Francisco Martínez Díaz y Emilio Torres Quezada dispararon sus armas en ese lugar.
Otro momento trascendental en esa noche fue lo que ocurrió en el puente El Chipote, justo a un costado del Palacio de Justicia. Ahí está documentado cómo patrullas de la Policía de Iguala detuvieron al autobús Estrella de Oro número 1531, del cual se llevaron al mayor número de normalistas.
También está registrada la participación de la Policía de Iguala en la persecución contra los estudiantes en las colonias Pajaritos y 24 de Febrero, donde huyeron los normalistas.
En 2018, en su última recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró la participación de la Policía de Iguala en el ataque al autobús en el que viajaba el equipo de Los Avispones, donde murieron el adolescente David Josué García Evangelista y el chofer del autobús, Víctor Lugo, y hubo 21 heridos, entre ellos Miguel Ríos Ney, a quien una bala de Policía de Iguala lo impactó.
La Policía de Iguala ya era sospechosa desde tiempo atrás, sobre todo, por la actuación de su grupo de reacción inmediata Los Bélicos, presuntamente al servicio de la organización criminal Guerreros Unidos.
Anomalías en la corporación
La Policía de Iguala desde antes del caso de los 43 funcionaba con muchas irregularidades como se ha documentado. Por ejemplo, la CNDH en su recomendación sobre el caso Iguala registró que 22 de los 52 policías detenidos no estaban inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, y de los 30 que sí lo estaban, sólo 25 contaban con los exámenes de control y confianza.
Pero una de las más preocupantes es que dentro de la policía habían un grupo de reacción inmediata denominado Los Bélicos; 40 personas que salían a la calles encapuchadas, vestidas de negros, sin el uniforme oficial y, como se ha documentado, estaban al servicio del grupo criminal Guerreros Unidos.
De los 40 Bélicos, 25 fueron detenidos por la desaparición forzada de los normalistas. De esos 25, 11 no estaban inscritos en Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. De estos 25, el pasado 14 de septiembre un juez federal liberó a ocho, según la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su participación esa trágica noche, 52 agentes fueron detenidos, pero 23 ya está en libertad.
A finales de 2018, un juez liberó a 14 agentes; una de las primeras cosas que hicieron esos policías fue ir al ayuntamiento de Iguala a pedir su reinstalación. El ayuntamiento se las negó y entonces demandaron.
El director del Departamento Jurídico del ayuntamiento de Iguala, José Salgado Santana, asegura que lo que están pidiendo los agentes liberados es imposible para el gobierno municipal. Primero, dice, porque la reinstalación no puede ser posible, ya que una persona que estuvo en un proceso legal no puede ser policía, además de que no están certificados ni tienen los exámenes de control y confianza. Segundo, el ayuntamiento no cuenta con la capacidad financiera para pagar lo que piden.
En promedio, calcula el funcionario, por cada agente el ayuntamiento tendría que pagar un millón de pesos. Si todos ganan en tribunales, estaría obligado a desembolsar alrededor de 25 millones de pesos.
El argumento jurídico que está empleando el ayuntamiento consiste en una premisa: “Nosotros no los despedimos; la entonces procuraduría fue quien los detuvo, que la denuncien a ella por daños y prejuicios si son inocentes”.
Y agrega: “Lo que ellos nos dicen es que tengamos el lado humano, que fueron encarcelados injustamente, que son inocentes, que llevaron el proceso sin abogados. A unos les ofrecimos un finiquito, pero no quieren; están siendo asesorados por abogados que les han dicho que hasta el última instancia quieren llegar”.
Desde el 2014, las policías de Iguala, la de Taxco, Cocula, Tepecuacuilco, y de los nueve municipio de la región de la Tierra Caliente fueron desarmadas por la investigación de Ayotzinapa.
En 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguró la comandancia, 19 patrullas, dos motocicletas; la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) decomisó 97 armas largas y 130 cortas, mientras que la 35 Zona Militar, siete largas y seis cortas. La fiscalía local aseguró 49 armas largas y 197 cortas. Todo sigue incautado, a excepción de las decomisadas por la fiscalía local.
Disminuyen elementos
El alcalde de Iguala, el morenista Antonio Jaimes, está en su oficina en el ayuntamiento. Es de los pocos espacios que se han rehabilitado después de que fue quemado el edificio en una protestas por los 43 normalistas.
Antonio Jaimes ocupó el cargo en el periodo 2005-2008. De ese tiempo presume haber dejado una policía con más de 450 agentes, con armamento y vehículos. Ahora, la corporación tiene apenas 60 elementos y desde que llegó de nuevo al ayuntamiento apenas ha podido reclutar a 10 nuevos agentes.
“Llevamos tres convocatorias, en la última llegaron 20, pero de esos, dos han pasado los exámenes de control y confianza; a este ritmo vamos a tardar muchos años para tener a los policías que se requieren para dar seguridad en un municipio de 180 mil habitantes”, lamenta el edil.
En estos momentos hay 30 agentes disponibles por turno para dar seguridad en Iguala, aunque en realidad, dice el alcalde, son unos 10, porque el resto están en funciones de resguardo de edificios públicos.
—¿Usted confía en esta policía que está reorganizando?
—Sí, debemos confiar; fue una decisión que platicamos con autoridades estatales, quienes los revisaron y certificaron, y ellos mismos nos propusieron que ya era hora de tomar esta responsabilidad de nuevo. El reto es grande. Hablar de policía es difícil, pero hablar de la Policía de Iguala, aún más.
Jaimes Herrera afirma que su gobierno está trabajando para que la policía recupere la confianza de la población y para levantar la imagen de la ciudad.
“No sé por qué pasa aquí, ¿por qué a nosotros? Pero lo cierto es que desde que pasó el impacto económico es muy importante, la vida comercial cayó en un 60, 70%”, dice el alcalde y enlista algunas empresas que ha salido de Iguala como estaciones de gasolina, la distribuidora de Volkswagen, Seat, Coca-Cola y Pepsi.
Jaimes Herrera dice que la desaparición de los 43 provocó que Iguala se estigmatizara, se satanizara.
“Ahora que busco inversiones fuera, la gente no quiere, la gente piensa que todos los días nos estamos balaceando en cada esquina. Eso nos dicen. Ha sido un daño increíble.
“El caso de Ayotzinapa eso dejó; la gente con miedo y un gobierno inoperante. Iguala se hundió con el tema de los 43”, afirma.
El edil dice que por ahora en Iguala la violencia de parte de las organizaciones criminales ha disminuido; aclara que los grupos que operan provienen de Morelos y de la Sierra de Guerrero, que llegan para, sobre todo, robar carros.
Sin embargo, en Iguala hay muchos pobladores que tiene miedo de hablar de la violencia que viven; entre dientes, en el anonimato, dicen que esa ciudad muy poco ha cambiado.
