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Cancún, Q. Roo.- Un tema de competencia y la futura mezcla de turistas VIP, con vacacionistas all inclusive, en una misma playa, es para el Grupo Riu lo que mantuvo frenada la construcción de su hotel Riviera Cancún en la tercera etapa de este centro turístico, a través de litigios jurídicos que considera concluidos, pues desestima que prosperen los que están en trámite actualmente.
“No hay riesgo de daño ambiental, ni hay evidencias de ninguna ilegalidad”, aseguró el abogado, José María Ortega, del despacho “Ortega Abogados Asociados”, quien junto con otro bufete local, ha defendido a Riu de la batería de litigios promovidos desde hace cinco años, principalmente, por Promotora Punta Nizuc, propiedad de Antonio Cosío Pando.
Cosío Pando es cabeza del Grupo Brisas y dueño del hotel Nizuc, un exclusivo hotel de 274 cuartos que opera bajo el sistema europeo, localizado a un costado del predio donde Riu inició el lunes pasado, la construcción de 530 habitaciones y edificios de siete y 16 pisos, como parte de un centro de hospedaje que opera bajo el sistema todo incluido, con la masividad que caracteriza a la firma ibérica.
El empresario inauguró su hotel Nizuc en mayo de 2014, pero meses después vio amenazado su modelo de negocios cuando Riu adquirió en noviembre de ese año, el predio contiguo para edificar un hotel, cuya densidad era tres veces mayor a la hasta entonces había aplicado en la zona, altamente vulnerable a los efectos del Cambio Climático, de acuerdo con estudios hechos por el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt), encargados por la Secretaría de Turismo (Sectur) .
En calidad de residente afectado, Cosío emprendió una batalla legal para combatir los permisos que, presuntamente, se otorgaron de forma indebida.
Ante ello, la empresa española se ha defendido en tribunales, en un caso que propició la parálisis de un Programa de Desarrollo Urbano (PDU 2013-2030) y que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , con resultados a su favor, ya que el amparo en revisión se declaró improcedente y fue desechado por la Segunda Sala de ese, el máximo tribunal del país.
“No basta con decir que soy un ciudadano de Cancún y que voy a ser afectado con la construcción de un proyecto, sin tener una sola prueba. Por fortuna vivimos en un sistema donde prevalece el Estado de Derecho, en donde prevaleció la razón. Demostramos que no pudieron probar ninguna de sus acusaciones y mire que le buscaron por todos lados”, subrayó Ortega Padilla, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Acompañado por cinco abogados más, reiteró que no existe ningún juicio pendiente en el ámbito federal, que impida a MX-RIUSA II -filial mexicana de la cadena Riu- haber iniciado obra o tramitar la licencia de construcción que obtuvo del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, el 8 de enero pasado, con vigencia al 2022.
“El tema no es ambiental, ni legal. El tema siempre ha sido la playa. Así de simple. Desde hace muchos años, en la misma zona, opera el Mediterrané y el hotel Nizuc, sin que se haya causado ningún desequilibrio ecológico. El problema es que no se quiere tener un hotel de 530 cuartos, junto a un hotel boutique y punto.
“El problema es que al Grupo Brisas no le gusta el formato Todo Incluido de Riu; porque ellos manejan turistas de élite, que se encontrarán en la misma playa con los turistas de Riu, así, mezclados los del Todo Incluido, con los huéspedes fifí. Ese es el punto fino: La playa”, sostuvo.
El abogado explicó que Promotora Punta Nizuc entabló juicios ante juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, solicitando la nulidad de la licencia de construcción que el gobierno del entonces alcalde, Paul Carrillo, otorgó para el proyecto. El Juzgado Tercero de Distrito resolvió que la demandante carecía de legitimidad e interés jurídico para hacer tal petición. La Corte confirmó el fallo.
Luego vino otra oleada de demandas similares. Fueron cuatro -dijo- ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior del Poder Judicial del estado. Los juicios concluyeron en noviembre de 2019 y combatían la licencia de construcción otorgada por la administración del entonces edil, Remberto Estrada.
La vigencia de esa licencia concluyó en agosto de ese año, por lo que el juicio quedó sin materia y se declaró el sobreseimiento del caso.
“Decidimos tramitar una licencia nueva, porque la anterior ya había caducado. No podíamos pedir la prórroga de algo que ya no era vigente y las prórrogas se piden cuando está por vencerse la vigencia”, resaltó, al señalar que la judicialización de la autorización de impacto ambiental no les impide hacer uso de los derechos de ésta, incluso para el trámite de otros permisos.
Promotora Punta Nizuc promovió un juicio ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de la autorización de impacto ambiental que la Semarnat otorgó a Riu en diciembre del 2015, con Rafael Pacchiano al frente de la dependencia.
La autorización se otorgó pese a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) recomendó no expedirla y advirtió a Semarnat que había manglar y que la empresa había ocultado su existencia.
Al respecto, los abogados de Riu dijeron a este diario que el manglar no se encuentra dentro del predio, sino a “cierta distancia” que, según el marco legal, hace posible el desarrollo de obras, aplicando medidas “compensatorias”.
“Lo del mangle era puro cuento”, sostuvieron, al señalar que un ciudadano que se amparó, “mintió” para obtener una suspensión.
“Nosotros solicitamos a la Procuraduría General de la República (PGR) un peritaje para acreditar que si había o no manglar. El dictamen de un perito biólogo fue contundente al señalar que no existe una sola planta de mangle”, indicó una de las abogadas que coadyuva en el caso con Ortega Padilla, quien señaló que el ciudadano fue denunciado por falsedad de declaraciones y el caso se encuentra “stand by”.
La misma abogada añadió que la opinión técnica de la Conanp sobre el proyecto hotel Riviera Cancún de Riu, fue negativa, “porque todas sus opiniones son en ese sentido; deben serlo porque ellos van por la conservación” y aclaró que su criterio no es vinculante.
Otro de los abogados agregó que, según el SAT, el grupo español es de los que “más tributa” a México y lamentó que, lo que calificó como “el capricho de un empresario” hubiese afectado a la empresa, generándole gastos adicionales, sino el retraso en la apertura de empleos, ambos aspectos ampliamente cuestionados por investigadores que han documentado cómo las ganancias de la hotelería española, no se quedan en el país y que los sueldos que pagan a sus trabajadores son bajos.
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