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estados@eluniversal.com.mx
Oaxaca.— Las hijas del empresario y exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, acusaron de abuso sexual y violencia de género a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) que la semana pasada realizaron cateos en sus sus domicilios.
“Nos queda claro que la Fiscalía en un caso donde pretende castigar violencia de género está provocando más, dejando ver que ni siquiera ellos son capaces de erradicarla, al contrario, la promueven”, expusieron en un comunicado firmado por Ashley, Lisle y Guadalupe Vera Hernández.
Detallaron que los elementos de la AEI abusaron sexualmente de una de ellas, cuando uno de los agentes frotó su pene en sus glúteos y tocó sus senos.
Mientras que otra de las mujeres, aseguran, fue víctima de violencia de género porque fue golpeada durante el cateo. Entre las lesiones que le dejaron —precisaron— están inflamación en el cuero cabelludo, hematomas en cuello, muslo y brazos, dermoabrasiones en el cuello y contractura muscular severa en región dorsolumbar.
Las hijas de Vera Carrizal —quien está imputado como probable responsable intelectual en el ataque con ácido contra la joven María Elena Ríos y que está prófugo— reiteraron que los cateos se realizaron sin que se presentara una orden y aseguraron que los agentes robaron equipo de cómputo y celulares, además de que hubo excesivo uso de la fuerza pública y se violentaron los derechos humanos de su familia.
También acusaron al fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, de encabezar o iniciar una persecución política “para quedar bien ante los medios nacionales”.
Las hijas de Vera Carrizal dijeron que ya se interpusieron las denuncias contra los funcionarios de la fiscalía estatal y adelantaron que solicitarán que la embajada de Estados Unidos dé seguimiento a estas denuncias, ya que una de las presuntas víctimas de violencia de género tiene ciudadanía estadounidense.
En su comunicado pidieron la intervención del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador porque “se trata de una persecución política”.
rmlgv