Los próximos gobernadores que serán electos en los comicios del 1 de julio deberán sortear en sus estados una carga de deuda pública y compromisos financieros adquiridos por las actuales administraciones y en algunos casos desde periodos anteriores.
De los ocho estados en que habrá cambio de gobernador —con excepción de la Ciudad de México—, Morelos es el que mayor porcentaje aumentó su deuda en un 445.3% del principio de su administración de Graco Ramírez a la fecha, la cual asciende a los 8 mil 179 millones de pesos. Le sigue Chiapas, donde la administración de Manuel Velasco incrementó sus compromisos financieros en un 57.9%; en Jalisco con Aristóteles Sandoval la deuda aumentó 17.7%, y en Tabasco con Arturo Núñez creció un 8.3%.
En contraste, hubo gobernadores que bajaron la deuda, como el caso de Guanajuato, donde el gobierno de Miguel Márquez disminuyó 22.9%; en Puebla, en menos de un año, Antonio Gali informó que los compromisos financieros bajaron 11.4%, y en Yucatán, con el gobernador Rolando Zapata la deuda bajó un 5.8%.
En el caso de Veracruz, la deuda que dejó Javier Duarte al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares asciende a más de 48 mil millones de pesos —una de las más altas del país—. Con menos de un año en el cargo, el mandatario panista anunció la reestructuración bancaria de 38 mil millones de pesos, con lo cual se ahorrarán 2 mil millones de pesos anuales de intereses por un plazo de 23 años y disminuirán la tasa de interés interbancaria en dos puntos porcentuales.
Los que aumentaron
En Morelos, desde octubre de 2013, a inicios de su mandato, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu —surgido de la coalición PRD-PT-MC— obtuvo la autorización de la mayoría en el Congreso estatal para contratar su primera deuda por 4 mil 184 millones de pesos.
El gobernador asumió el cargo en octubre de 2012 con una deuda heredada de mil 500 millones de pesos, contraída en el sexenio del panista Marco Adame Castillo. Hasta el momento, la administración de Graco Ramírez lleva contratado 8 mil 179 millones de pesos, lo que representa un incremento de la deuda de 445.3%.
Los que bajaron
El gobierno de Guanajuato cerró 2017 con una deuda pública estatal directa de 5 mil 035 millones 927 mil 560.90 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, en su boletín de Deuda Pública volumen VI número 10, referente al tercer trimestre de 2017, lo que representa una disminución de 22.9% de lo que se había contraído.
En septiembre de 2012, al tomar protesta del cargo el gobernador Miguel Márquez recibió las finanzas de Guanajuato con un adeudo de 6 mil 487 millones 593 mil 315.20 pesos, documentó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en el reporte de la situación de la deuda pública estatal del segundo semestre de 2012.
En Puebla, la administración de Antonio Gali recibió al estado con una deuda pública de 23 mil 097 millones 769 mil 363 pesos, de acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del Gobierno estatal, referente a diciembre de 2016. Para el tercer trimestre de 2017, se reportó un monto de 20 mil 458 millones de pesos, lo que representa una disminución de 11.4%.
En Yucatán, el saldo de la deuda pública es de 2 mil 125.41 millones de pesos hasta diciembre de 2017, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado publicado en el Diario Oficial del Ejecutivo estatal, lo que representa una disminución de 5.8% a la que dejó la anterior administración de Ivonne Ortega.
Según se asienta en la Cuenta Pública de 2013, el saldo dejado por el anterior gobierno fue de 2 mil 256 millones 237 mil pesos.
En refinanciamiento
En Veracruz, la deuda pública que dejó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ascendía a 48 mil 183.5 millones de pesos con instituciones bancarias y 12 mil 500 millones de pesos con proveedores o pasivo circulante.
De ese gran total, el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares anunció a finales del año pasado una reestructura bancaria por 38 mil millones de pesos, con lo cual se ahorrarán 2 mil millones de pesos anuales de intereses, por un plazo de 23 años y se logró disminuir la tasa de interés interbancaria en dos puntos porcentuales, al pasar de 10.738% a 8.458% anualmente.
Fueron 13 entidades bancarias quienes ofrecieron el refinanciamiento hasta por 60 mil millones de pesos, pero el gobierno estatal sólo accedió a los 38 mil millones de pesos de la deuda que dejó Duarte.