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Villahermosa.— El jueves 27 de febrero de 2020, Rogelio Álvarez Zurita, pensionado de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la ficha 874129, llegó caminando al hospital regional para recibir su tratamiento de hemodiálisis.
Él ignoraba que, a partir de ese día, su vida se convertiría en un calvario por un fármaco contaminado que mató y dejó con graves secuelas a decenas de ellos y que hoy sobreviven a ese injusto episodio.
El medicamento heparina sódica, anticoagulante que estaba contaminado con la bacteria klebsiella, fue aplicado a unos 136 pacientes en cuatro turnos de hemodiálisis entre el 26 y 27 de febrero de 2020; 14 fallecieron en las primeras semanas de marzo.
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El obrero jubilado recuerda que ese día acudió por su tratamiento de hemodiálisis a las tres de la tarde, y cuatro horas después, rumbo a su domicilio, comenzó a sentir los efectos del medicamento que lo obligó a regresar de urgencia al hospital para luchar por su vida durante cuatro meses. Tiempo después, la bacteria infectó su organismo dejándolo paralítico de las piernas.
“Es un crimen lo que cometieron con nosotros, por eso digo que es un ‘heparinacidio’. Nos quisieron exterminar, quizás le costábamos muy caro a Pemex”, afirma Álvarez Zurita.
Don Rogelio se encuentra en su casa, rodeado de imágenes religiosas en espera de un milagro. El hombre de 1.70 metros de altura se redujo a menos de 90 centímetros. Le es imposible realizar sus actividades cotidianas y tiene que depender para todo de su esposa Nora.
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“A raíz de eso me vino algo como si me hubiera tocado la médula espinal, algo así, porque sentía muchos dolores y muchos compañeros (sobrevivientes) también así están padeciendo; toda la espina dorsal es lo que nos perjudica y nos dejó perjudicado esa bacteria”, explica desde su cama.
Don Rogelio sufre de dolores. La postura le oprime el sistema digestivo y el corazón. Dejó de usar silla de ruedas y tres veces por semana acude al hospital regional de Pemex en Villahermosa, trasladado por una ambulancia.
Con 25 años de su vida entregados a la paraestatal, lamenta que a tres años del fatal error, aún no haya un tratamiento adecuado contra la mortal bacteria para los sobrevivientes.
“Doy gracias a Dios que todavía me tiene aquí vivo, pero es aberrante que Pemex no nos dio el tratamiento adecuado para eliminar definitivamente a la bacteria”, señala.
La familia de don Rogelio teme que los abandone y, aunque emocionalmente están preparados, no quieren que llegue ese día.
“Como decimos todos los de hemodiálisis: ‘ellos estaban mal, sí estaban mal, pero lo que hizo Pemex fue adelantarles su muerte’ (…) lo pienso porque me voy a quedar sola y él no está todavía para que se vaya tan pronto. Él llegaba caminando y salía bien [del hospital], pero desde el ‘heparinazo’ que hubo se fue desmejorando”, afirma Nora Castellano, esposa de don Rogelio, con visible tristeza.
Prometieron castigo a responsables
Pocas semanas después de la muerte masiva de pacientes infectados por este medicamento contaminado, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a las familias afectadas castigar a los responsables y que la investigación alcanzaría tanto a los que adquirieron el medicamento como a quien lo vendió al hospital. Tres años y dos meses después no hay ningún responsable detenido.
“Se va a castigar a los responsables, sean los que adquirieron el producto o los que lo vendieron. Hay una investigación abierta”, puntualizó el Presidente.
Afirmó que su gobierno no repetiría las negligencias de administraciones anteriores.
“No podemos hacer lo que se hacía antes, que rellenaban con agua las dosis que se utilizaban para tratamientos contra el cáncer o esto que todavía estamos padeciendo, la falta de cuidado en infecciones que se provocan en el uso de medicamentos”.
Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) y de que un juez federal ordenaran la aprehensión de José Roche Pérez, señalado como el responsable de la venta del lote contaminado del medicamento en el hospital de Pemex, fue dejado en libertad por falta de pruebas en su contra.
Al año de los hechos, el despacho Romero, Pons y Asociados S.C. informó que uno de sus integrantes consiguió “auto de no vinculación” para Roche Pérez, quien fue detenido por el delito de tentativa de fraude.
Miguel Romero Pérez, dueño del despacho y exabogado del exgobernador Andrés Granier Melo, subrayó que no se acreditaron delitos contra la propiedad industrial y fraude en grado de tentativa en agravio de Pemex.
“No hay prueba alguna que acredite que el señor Roche Pérez fue quien vendió el supuesto lote contaminado, ni tampoco se acreditó que la heparina, de la cual se atribuyó su entrega, haya estado contaminada”, detalló un comunicado con fecha del 29 de octubre de 2021.
Aunada a las investigaciones, las autoridades de justicia del estado de Tabasco no solicitaron otra orden de aprehensión por el delito de homicidio agravado, pese a que los peritajes determinaron que el proveedor habría rellenado diversos frascos del medicamento para venderlos a sabiendas de que estaba adulterado.
De todos los involucrados o responsables del anticoagulante, sólo una persona aparentemente fue movida de su cargo el 16 de abril de 2020, cuando las autoridades de Pemex rotaron del cargo al director del hospital, José Luis Oramas. Ahora se desempeña como coordinador regional de los hospitales de Petróleos Mexicanos en el sureste del país.
Exigen justicia
A tres años de la negligencia, deudos y sobrevivientes siguen esperando justicia.
“Se le pide al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que por favor nos voltee a ver, que nos dé la cara, porque el señor Octavio Romero Oropeza (director de Pemex) nada más se anda dando propaganda (campaña) aquí en Villahermosa para aventarse de gobernador”, pide don Rogelio.
Familiares de las otras 14 víctimas declinaron ofrecer entrevistas por instrucciones de un bufete de abogados que lleva el caso en los tribunales federales y están a la espera de que jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitan un fallo del caso sobre la presunta responsabilidad del hospital de Pemex en Villahermosa y del proveedor responsable de vender el lote adulterado de la heparina sódica. Sin embargo, su clamor también es de justicia.
