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El empresario de origen cubano, Luis Manuel Álvarez Adán, quien a cusó en 2014 a un director de la Policía de Tulum de haberlo extorsionado, y días después fue detenido por el mismo delito, en agravio de otro empresario originario de Puebla , apareció muerto hoy, en la Cárcel de Cancún .
La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSP) informó que Álvarez Adán fue hallado en la madrugada con un cable de televisión enredado en el cuello y el extremo atado a la parte de arriba de la puerta de su estancia.
La dependencia señaló que, al parecer, el extranjero se arrojó al vacío y cayó semi sentado. Los hechos fueron reportados a la Fiscalía General del estado, autoridad que quedó a cargo de la investigación, a fin de esclarecer los hechos.
Si bien la versión oficial habla de suicidio, el representante de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos, Raúl Fernández León, quien de origen dio seguimiento al caso de Álvarez Adán, aseguró que la muerte del empresario fue un probable homicidio.
“No fue un suicidio; fue un asesinato”, adelantó el activista, quien aseguró que mañana dará pormenores del tema, pues piensan interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El 30 de diciembre de 2014, Álvarez Adán fue detenido por elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo, en la Supermanzana 21, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juez Cuarto Penal, derivada de la causa penal 570/2014.
El empresario cubano, nacionalizado mexicano, fue denunciado por otro empresario, quien lo acusó de extorsión por 300 mil pesos, de acuerdo con la denuncia 1373/2013.
En aquella época el entonces subprocurador de Justicia, Arturo Álvarez Escalera se reservó la identidad del denunciante, al tratarse de un delito grave. Hoy se sabe que presuntamente el agraviado era Juan Vergara, ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la actual administración estatal, ex precandidato a una diputación federal y sujeto a proceso, en libertad, por un delito federal.
Si bien Álvarez Adán figuraba como imputado, semanas antes de su aprehensión, anunció que abandonaría el país, pues temía por su integridad y la de su familia, ya que ninguna autoridad atendió sus acusaciones en contra del director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tulum, Juan Ariel Rodríguez, a quien acusó de presunta extorsión.
El funcionario le habría exigido 20 mil pesos mensuales para protegerle, luego de advertirle que tenían conocimiento de que había intenciones de secuestrarle, narró en aquella época, Álvarez Adán.
El empresario dijo haber recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno de Roberto Borge, Juan Pedro Mercader, y a quien fungía como coordinador de la Policía Federal en la entidad, Héctor González Valdepeña, para pedirles que investigasen a Rodríguez Alonso, pero no obtuvo respuesta.
En contraste, el Juez Cuarto de lo Penal le dictó el auto de formal prisión, bajo el sistema de justicia penal tradicional, vigente en esa época, y fue llevado a prisión.
Álvarez Adán enfrentaba cuatro averiguaciones previas más, por privación ilegal de la libertad y amenazas y otra por amenazas y lesiones, ambas del 2012; y dos más por amenazas y daños en 2013.
Fernández León aseguró en su momento que tales denuncias fueron supuestamente “armadas”, pues existía un presunto intento institucional por castigar al empresario, quien se atrevió a denunciar a diferentes autoridades por extorsión, corrupción y otra serie de delitos.
