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Tijuana, 19 de enero.-
Una aplicación digital para rastrear familiares fue una de las principales pruebas en contra de Santiago , quien este domingo fue vinculado a proceso sin posibilidad de fianza por la desaparición de dos adultos mayores de Estados Unidos , quienes estaban desaparecidos desde el 10 de enero pasado y fueron hallados enterrados junto a otros dos cadáveres en el patio de una de sus viviendas.
Durante una audiencia que duró alrededor de cuatro horas , la Jueza Tania Guadalupe Vega Gordillo primero calificó de legal la detención en flagrancia de Santiago el 16 de enero pasado en las inmediaciones de la Garita El Chaparral, en Tijuana . Luego de escuchar las pruebas del Ministerio Público también lo vinculó a proceso sin derecho a fianza y fijó cinco meses para continuar con su proceso.
En la sala del Poder Judicial, a un costado del penal La Mesa los agentes del Ministerio Publico presentaron las pruebas que sirvieron para detectar la falsedad en las declaraciones iniciales de Santiago, ex pareja de Norma, hija de las víctimas halladas muertas: Jesús Rubén López Guillén y María Teresa López, de 70 y 65 años.
Explicaron que, según el relato de Norma –quien presentó el reporte por desaparición- el 10 de enero pasado sus padres viajaron desde Estados Unidos y cruzaron la frontera para reunirse con Santiago en Tijuana, quien les entregaría 120 mil pesos acumulados de dos años de renta que estaban depositados en una cuenta bancaria y luego de pasar a una casa de cambio los trasladaría al puerto fronterizo para que regresaran a casa al mediodía.
Cuando ella regresó a la casa de sus padres a las cuatro de la tarde, solo encontró a sus hijos y uno de ellos le dijo que sus abuelos no habían llegado. En ese momento Norma buscó a su hermana y juntas usaron la aplicación ‘Life350’ que sirve para rastrear a familiares y que estaba conectada con sus celulares.
Con la herramienta digital pudieron detectar cada punto visitado por sus papás. Que a las siete de la mañana habían salido de su casa rumbo a la frontera, casi a las 10 estaban en El Chaparral –en Tijuana- y de las 11:23 hasta las 15:25 horas marcaba la calle Donato Guerra, colonia Obrera Segunda Sección donde se encontraba su casa, la misma en la que desde hace cinco años vivía Santiago.
Casi a las cuatro arrojó una pizzería, una hora más tarde fue en una tienda de súper mercado y nuevamente y como último punto marcó la misma dirección: Donato Guerrero, colonia Obrera Segunda Sección. En donde siete días después personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) halló los cuerpos enterrados junto a otros dos que aún no han sido identificados.
La respuesta de Santiago, según Norma, llegó el 13 de enero a través de unos mensajes en messenger. Tres días después de la desaparición, cuando le dijo que le tendría que decir la verdad aunque le costara la vida porque lo iban a matar porque le había platicado a unas personas sobre el dinero que iban a cobrar y por eso cuando llegaron a la casa se los llevaron sin decirles hacia dónde, además de pedir 15 mil dólares por su rescate.
Los agentes a cargo del caso buscaron a Santiago desde el 15 de enero para entrevistarlo porque aún no contaban con orden de aprehensión pero querían resolver las dudas a raíz de la nueva información y contradicciones de su declaración inicial, cuando dijo que los había dejado en El Chaparral.
Fue hasta el 16 de enero en la tarde, cuando Norma informó a las autoridades que pocos minutos antes había hablado con él que les dijo que justo en ese momento se encontraba en el puerto fronterizo, hasta ahí llegaron los oficiales quienes al verlo, dijo el Ministerio Público a la jueza, le informaron que lo buscaban solo para hacerles preguntar.
Santiago sin dar explicaciones simplemente lanzó un: no voy a decirles nada, déjenme ir y yo se los entregó. Esa respuesta fue la sospecha que los agentes usaron como causa de sospecha y en ese momento lo aseguraron y entregaron al Ministerio Público, acusado del delito de desaparición cometida por particulares.
Aunque el sospechoso se reservó su derecho a declarar, los agentes del Ministerio Público continuaron con la narrativa. Dijeron que con su arresto surgió información, solicitaron una orden de cateo y el 17 de enero personal de la Fiscalía General del Estado realizó un operativo de búsqueda en el domicilio de la colonia Obrera, con ayuda de perros adiestrados, en donde finalmente hallaron cuatro cuerpos.
Dentro de uno de los cuartos hallaron un machete y un bat. También dos cuerpos sin identificar, uno de ellos un hombre de entre 70 y 75 años con golpes en la cabeza y en la mandíbula. El otro se trató de una mujer con heridas en el pómulo y el rostro. En ese mismo espacio también fueron hallados los padres de Norma –Jesús Rubén y María Teresa-, encimado el cuerpo de la madre encima del de el padre.
Fue hasta el 18 de enero cuando Norma pudo identificar el cuerpo de sus padres a través de un par de fotografías que le mostró uno de los agentes. Un día después la jueza lo vinculó a proceso acusado de ser el autor director de dicho delito.
maf
