Ayutla de los Libres, Guerrero.— La asamblea regional es el órgano democrático que ejercen los pueblos indígenas que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-Pc) para la toma de decisiones o impartición de justicia comunitaria.
El sistema de justicia basado en usos y costumbres de los pueblos indígenas se ha mantenido durante 29 años en los territorios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, donde se puede presumir que los niveles de violencia están por debajo del resto de las regiones del estado.
Actualmente la Crac-Pc es integrada por cinco casas de justicia en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Metlatonóc, Acatepec y Ayutla de los Libres, para brindar seguridad y justicia en 211 comunidades de 30 municipios indígenas de la Montaña y Costa Chica, donde existe un reglamento interno en el que se basan para brindar seguridad, resolver conflictos y sancionar los delitos que se comenten dentro de su territorio.
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Para la impartición de justicia, los coordinadores convocan previamente a una asamblea regional o micro regional de cada casa de justicia, donde participan con derecho a voz y voto los consejeros regionales y locales, comisarios municipales, comisariados de bienes comunales o ejidales, señores principales y comandantes de grupo de la policía comunitaria.
Aquellas personas detenidas que hayan cometido delitos graves como violaciones, homicidios, delincuencia organizada, venta de drogas. Estas personas son presentadas ante el pleno de la asamblea para ser sentenciadas a reeducación de acuerdo al criterio de la asamblea y de las pruebas presentadas durante su proceso.
En el caso de la casa de justicia de El Paraíso en Ayutla de los Libres, se determinó sancionar a quienes corten árboles, siembre amapola y maten animales. Su intención es proteger el medio ambiente ante la devastación, la amenaza de los animales en peligro de extinción y evitar que su territorio sea señalado como productor de enervantes que dañan a la sociedad.
Felipe fue detenido en un retén de la policía comunitaria, en la cajuela de su coche le fue encontrado medio cuerpo de venado, fue llevado a la cárcel de la casa de justicia de El Paraíso, inmediatamente se notificó a las autoridades de su comunidad y sus familiares quienes podrían ir a visitarlo.
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Según el reglamento de la policía comunitaria, al detener a una persona por un delito grave, los coordinadores tienen de 3 a 6 meses para levantar el expediente y la investigación del hecho antes de presentarlo a la asamblea. En el caso de Felipe que fue detenido en flagrancia, solo tuvo que esperar 15 días para ser presentado a la asamblea regional.
Ese domingo Felipe fue presentado al pleno de la asamblea, su caso se deliberó rápidamente al tener las pruebas, una cabeza de venado que fue congelada durante 15 días. Felipe tuvo oportunidad de dar una explicación, la asamblea la tomó en cuenta. La asamblea deliberó tres meses de reeducación para Felipe, pero tendrá que mantenerse en la cárcel y hacer servicio comunitario y recibir atención psicológica.
Este sistema de seguridad y justicia ha logrado mantener los niveles más bajos de violencia en su territorio. Ha sido ejemplo para otros pueblos originarios que intentan regirse por sus usos y costumbres.
