Pachuca.- La incursión de hombres armados pertenecientes al llamado “Sindicato del Cemento”, quienes mantienen cerrados los accesos a las minas de Zimapán, Hidalgo, ha generado un clima de miedo entre la población. En estos días, las pérdidas económicas ascienden a 600 mil dólares, lo que ha llevado a los habitantes a advertir que no descartan formar autodefensas similares a las michoacanas.
Estos sujetos, encabezados por José Ortega Blancas y provenientes del Estado de México, arribaron el pasado 25 de agosto al municipio portando armas largas.
“Llama la atención de la ciudadanía porque esta persona —líder del Sindicato del Cemento— llega en helicóptero con gente armada, portando armas de uso exclusivo del ejército. Eso pone a un pueblo tranquilo, trabajador y unido a la defensiva. Se han suscitado una serie de situaciones como la privación de la circulación libre en los caminos que conducen a las plantas de beneficio en la zona de explotación minera”, señalaron los afectados.
Posteriormente, otro bloque llegó en camiones de volteo y combis para cerrar los accesos a diversas minas como La Purísima, Carrizal Mining, Guadalupe y Balcones.
La primera de estas minas tuvo que implementar un plan de escape para sus trabajadores, quienes fueron golpeados y se vieron obligados a huir a través de brechas, caminando hora y media para ponerse a salvo.
Ante esta situación, un grupo de pobladores, mineros, representantes de las minas, transportistas y el comisariado ejidal, Emilio Trejo, Filemón Sánchez, Pedro Villeda, Mario Ramírez, Guadalupe Homero Vega y Carlos Bravo Meneses, ofrecieron un panorama de lo ocurrido y pidieron la intervención del gobierno federal y estatal, al cual señalaron por dejarlos solos frente a lo que consideran un grave riesgo para la seguridad de la población y la continuidad de sus fuentes de trabajo.
Destacaron que la minería es la principal actividad en la región, con el 75% de la población dedicada a esta industria, mientras que el resto depende de remesas como migrantes. Señalaron que la pérdida de trabajos significaría un quebranto económico para el municipio, afectando más de 2 mil empleos indirectos y 800 directos.
Indicaron que hasta el momento son seis las minas que han tenido que cerrar sus puertas. En el caso de Carrizal Mining, al momento se registra una pérdida de 600 mil dólares, ya que factura 7 millones de dólares mensuales. Por su parte, las minas La Purísima, Guadalupe y Balcones tienen hasta este día para decidir si pueden reabrir, o de lo contrario, también cerrarán.
Denunciaron que Alejandro Sánchez Arteaga, comisariado de Xote, junto con Lucina Ramírez, permitieron la llegada de este sindicato a través del ejido. Sin embargo, cuestionaron si un sindicato puede operar bajo la representación legal de un ejido.
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Es necesario, dijeron, que las autoridades intervengan de manera urgente, pero hasta el momento no han sido atendidos. Por ello, una caravana de trabajadores mineros y pobladores se trasladó a la capital del estado para exigir atención inmediata.
“Las reuniones que hemos tenido han sido estériles. No queremos formar un grupo de autodefensas, pero si alguien se mete a tu casa y llega hasta la cocina, ¿qué vas a hacer?”, comentaron los afectados.
Denunciaron también haber recibido amenazas y reportaron sobrevuelos de helicópteros que lanzan panfletos con precios por la cabeza de quienes han sido identificados como líderes comunitarios por defender a su pueblo.
“La preocupación es de toda la comunidad. Si bien es cierto que tenemos miedo porque estas personas portan armas largas y nuestra integridad está amenazada, más miedo nos da dejar al pueblo sometido a gente externa”, concluyeron.
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