Habitantes de los cinco municipios de la Sierra-Costa de Michoacán, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad antes de que concluya este año.
El Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa Michoacán, advirtió que el Congreso de la Unión le dio “facultades desmedidas” a las fuerzas armadas para actuar en contra de la población.
Los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Tepalcatepec, señalaron que la Ley de Seguridad Interior, constituye un golpe de Estado orquestado dentro del seno del poder para entregarle facultades desmedidas a las fuerzas armadas de México y a su comandante supremo, el Presidente de la República.
Esta ley, acusaron mediante comunicado, pretende entregar capacidades inimpugnables a los mandos del Ejército Mexicano y de la Marina, para continuar con la militarización del territorio nacional.
Recordaron, que como ejemplo de que las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar tareas de seguridad pública, es la irrupción del Ejército Mexicano al municipio de Aquila el 19 julio del año 2015, que dejó un niño muerto y más de una decena de lesionados más.
“El Ejército mexicano violó los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ostula, arrestando a su comandante Cemeí Verdía; en el operativo se hirieron a más 10 comuneros y un soldado asesinó de un tiro al niño, Edilberto Reyes García, quien se encontraba dentro de un restaurante”, denunciaron.
Señalaron, que hasta la fecha, la Procuraduría General de la República no ha consignado a ninguno de los soldados responsables que participaron en tal operativo.
“Esta es la forma en la que las fuerzas armadas han custodiado la seguridad interior. Al pueblo de México le decimos que esta ley es para hacer de todo el territorio nacional un campo de exterminio ”, consideró el Concejo Ciudadano.
En otro de sus puntos, destacaron que los pueblos que firmaron la misiva, han encontrado por sí mismos, las vías de brindar Seguridad Pública a través de la autogestión, el respeto a los derechos humanos y la democratización de la seguridad pública.
“Esto último significa, que en cada una de nuestras poblaciones, el pueblo participa en la selección y nombramiento de los miembros policiales”, resaltaron.
El documento cita que desde su consolidación en 2013-2014, primero como autodefensas y después como guardias comunales, en sus territorios, los únicos que han hecho delitos han sido los soldados.
“Los mismos soldados que mataron a Edilberto y que con anterioridad han cometido otras vejaciones en contra de la población”, denunciaron.
Ante ello, consideraron que la seguridad interior que ofrecen las autoridades, es una seguridad de represión y totalitarismo, con un procedimiento que nunca nunca se ha observado porque el Ejecutivo Federal, de facto, ha irrumpido para violar garantías.
Afirmaron que lo que pretende la Ley de Seguridad Interior es hacer permanente el estado de excepción y entregarle al presidente de la República la única facultad para regirlo a su discreción.
“Esto es hacer una Ley que le entrega poderes ilimitados a un solo hombre. Con una ley similar muchos dictadores han consolidado sus regímenes de horror y muerte”, insistieron los representantes de los cinco municipios michoacanos.
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