Guerrero es la entidad que ha registrado más violencia política en los primeros nueve meses del año en todo el país, al documentar 60 agresiones entre asesinatos, ataques armados, secuestros y atentados contra funcionarios públicos, militantes de partidos, candidatos, alcaldes y sus familiares, lo que representa 11% del total nacional, de acuerdo con la organización Data Cívica.
El municipio de Chilpancingo, capital de Guerrero, concentró 10 de las víctimas de violencia política, lo que agrupa 10% de los ataques en la entidad, mientras que Acapulco tuvo nueve, con lo que se ubican como los municipios con más violencia.
Esto sin contar los asesinatos del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos y el secretario del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, perpetrados este mes.
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La segunda entidad que presentó más violencia política fue Chiapas con 55 casos, seguida de Puebla, 49; Guanajuato, 46; Morelos, 33; Michoacán, 31; Veracruz, 26; Oaxaca, 25; Baja California, 22, y Jalisco, 13.
En lo que va de 2024 se han documentado 509 víctimas de violencia política a nivel nacional, cifra por debajo de los 570 registrados durante todo 2023.
EL UNIVERSAL identificó que 27 alcaldes y exalcaldes fueron atacados, asesinados y/o secuestrados en lo que va de 2024 a nivel nacional.
Un 78% de las víctimas ocupaban o competían por puestos de elección popular a nivel municipal.
La organización registró que en lo que va este año personas precandidatas y candidatas fueron objeto de amenazas, ataques armados, atentados y secuestros.
Data Cívica observó que tras las elecciones del 2 de junio continuó la violencia contra funcionarios electos que asumieron sus cargos.
Algunos casos
Entre los casos de violencia más destacados figuran dos asesinatos ocurridos en agosto pasado.
Se trata de Israel Cruz Carrizosa, regidor por Movimiento Ciudadano (MC) de Tultepec, Estado de México, y Roberto Maldonado Siller, síndico electo de Morena en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos fueron electos en los comicios del 2 de junio.
En otro caso, Leonardo Maldonado, alcalde electo de Leonardo Bravo, Guerrero, fue amenazado por un grupo de la delincuencia organizada a través de un video, en el cual le ordenan a él y a su secretario de Seguridad [Pública] que dejen de “oponerse y se alinien”.
El pasado 6 de octubre hubo elecciones extraordinarias en el municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, donde el candidato a alcalde MC, Javier David Jiménez, había sido asesinado a finales de julio.
Armando Solís, un militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue privado de la libertad y posteriormente asesinado en Álamo Temapache, Veracruz.
En Acayuca, Veracruz, la alcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez sobrevivió a un ataque armado.
En la misma entidad, el presidente municipal, el regidor y la tesorera del ayuntamiento de Texistepec, recibieron amenazas de muerte.
De hecho, Veracruz es la entidad que registró más casos de violencia política extrema por parte de grupos de la delincuencia organizada durante agosto de este año, de acuerdo con el registro Votar entre Balas.
Veracruz efectuará elecciones locales en 2025, con las que se renovarán presidencias municipales y cargos en los 212 ayuntamientos de la entidad, y el proceso empieza este año.
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Familias en la mira
Otro rubro que destacó el organismo civil son los ataques en contra de familiares de personas en el ámbito político, ya que es una forma de incidir en las decisiones políticas y las cuestiones electorales por parte del crimen organizado.
Entre 2022 y 2023 se registró un aumento significativo en el número de familiares atacados, y Zacatecas fue uno de los estados más afectados. Durante 2021, en Zacatecas hubo 15 agresiones: 13 asesinatos y dos ataques armados. En 2022 el número de crímenes subió a 21 asesinatos, además de un ataque armado, tres atentados y un secuestro.
Un año después se contaron 20 asesinatos, cinco ataques armados, un atentado, y cinco secuestros contra familiares de funcionarios relacionados con la política.
En febrero pasado, dos familiares del exgobernador y diputado federal Ricardo Monreal Ávila, y de su hermano, el actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, fueron asesinados en Fresnillo: Jorge Antonio Monreal y Juan Pérez Guardado, quienes también eran funcionarios locales.