Más Información
Trump declarará a cárteles como organizaciones terroristas; "fui muy duro con México, hablé con la nueva presidenta"
Sheinbaum responde a Trump sobre declarar a cárteles como organizaciones terroristas; rechaza injerencia extranjera
México lucha contra “río de hierro” que envía armas de EU a los cárteles; llegan hasta medio millón, según medios
Oaxaca.— Tras la escalada de violencia que se vive en San Juan Bosco Chuxnabán, comunidad mixe de la Sierra Norte de Oaxaca, que ha denunciado este mes al menos tres ataques de su vecino San Miguel Quetzaltepec, efectivos de la Guardia Nacional arribarán a la zona de conflicto, anunciaron a EL UNIVERSAL autoridades de esta agencia municipal.
Agregaron que el tema está en manos del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y que al menos 15 convoyes de la Guardia Nacional serán desplegados.
Chuxnabán y Quetzaltepec, agencia y cabecera municipal respectivamente, mantienen un conflicto limítrofe desde hace décadas, pero que se reactivó en 2017, escaló en 2018, con cuatro comuneros de Chuxnabán asesinados, y dejó tres personas muertas en una emboscada el pasado 14 de julio.
Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, señaló que se había solicitado la presencia de cuerpos de seguridad, que duraron unos días, pero tras su retirada ocurrió el nuevo ataque.
En un documento dirigido al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal, las autoridades de Chuxnabán aseguran que el 30 de julio, desde las 3:45 horas “grupos armados encabezados por Fidel Fuentes Morales y Benjamín González Sánchez, alcalde y representante de Bienes Comunales de San Miguel Quetzaltepec, se volvieron a instalar a las orillas del pueblo y detonaron armas de grueso calibre, haciendo tiroteos hacía la comunidad”.
Afirmaron que el problema se reactivó en 2017 luego de que exigieran los recursos federales que les corresponden de los ramos 28 y 33. Acusaron que pese a las mesas de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, Chuxnabán no ha recibido sus recursos desde 2018 y esta dependencia no ha intervenido para garantizar la gobernabilidad de la zona.