Guanajuato

Ni con el operativo Golpe de Timón ni con la llegada de las fuerzas federales y la estrategia oficial del combate al huachicoleo se ha frenado la violencia en Guanajuato; el crimen organizado permanece en las calles y no ha marcado diferencia la presencia de la Guardia Nacional en el estado.

Especialistas en seguridad pública refieren que la entidad se colocó en la cúspide por la violencia y homicidios a manos de grupos criminales que delinquen sin tomar en cuenta la presencia de la Guardia. Nada los amedrenta.

Siguen las matanzas y diversificación de delitos. El Cártel Santa Rosa de Lima —de origen local— busca conservar el dominio, mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) busca el control de la plaza para sus actividades ilícitas.

Es evidente la ausencia de una estrategia regional de seguridad que vaya más allá de un blindaje en las zonas limítrofes de Michoacán y Jalisco, en las que se mueven y fortalecen organizaciones delincuenciales.

“Hay coordinación en los límites de los estados, pero ahí no hay una estructura de una planeación de política criminal que permita identificar los puntos críticos, no solamente en los límites, sino en todas las entidades”, consideró la investigadora Jéssica María Vega, del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Guanajuato.

De enero a julio de 2019, se registraron mil 568 homicidios dolosos y ocho feminicidios; en el último mes fueron 185 y tres feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En los primeros siete meses de 2018 fueron mil 427 homicidios dolosos y 12 feminicidios (sólo en julio fueron 224 homicidios y dos feminicidios); mientras que en el mismo periodo de 2017 se investigaron 611 homicidios y 12 feminicidios (de ellos 87 homicidios y dos feminicidios en julio).

Discreta presencia

En la primera semana de julio, 2 mil 110 elementos de la Guardia Nacional arribaron a Guanajuato, estado prioritario para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por sus altos índices de violencia, al igual que Jalisco y Michoacán.

En los primeros días, los elementos se dejaron ver en plazas en acciones de proximidad con los ciudadanos y en eventos públicos y realizaban patrullajes, junto con las fuerzas estatales.

En un recorrido de tres días de EL UNIVERSAL en municipios de Celaya, Villagrán, Salamanca, Irapuato y Silao, durante el día y tarde-noche, no se vio la presencia de la Guardia, pero sí de elementos de la fuerzas de seguridad pública del estado y policías federales, en caravanas de tres y cuatro patrullas; en algunos casos con unidades artilladas.

El 2 de julio, cuando el gobierno federal anunció el establecimiento de la Guardia Nacional en los estados prioritarios, 13 personas fueron asesinadas en Silao, Salamanca, Irapuato, León, Acámbaro y Pénjamo; la mayoría de las víctimas estaban descuartizadas o con el tiro de gracia. En esa fecha emboscaron y mataron al fiscal antidrogas del estado, Francisco Javier “N”.

La violencia no fue contenida. Un mes después, el 2 de agosto, un comando armado entró a los separos de la Policía Municipal de Valle de Santiago, acribilló a cinco detenidos y liberó a otro; esa noche sujetos lanzaron bombas molotov a las oficinas de la fiscalía de esa demarcación.

En esa misma fecha tortilleros de Celaya exigieron seguridad y anunciaron el cierre de establecimientos por temor a una banda de extorsionadores; tres días después, hombres armados mataron a tiros a tres mujeres en una tortillería.

El 10 de agosto en Yuriria, elementos de la Guardia se enfrentaron a un comando armado en la comunidad Loma de Zempoala; uno de los oficiales murió y tres civiles armados; en la noche otro grupo armado acribilló a ocho personas en un billar en la colonia Che Guevara, de Irapuato, a cinco metros de distancia de la delegación de policía municipal.

Con terror

La conexión con conductas delincuenciales más sanguinarias, con muertes de víctimas colaterales, robos, secuestros y extorsiones ha modificado el ritmo de vida en Salamanca, Irapuato y Celaya, donde los comercios desaparecen y las familias se encierran en sus casas antes de las nueve de la noche.

“¡Qué bueno que viene la Guardia Nacional!”, celebró Luisa el 2 de julio en una conversación con otra mujer en la plaza principal de Silao; ese día cerca de su domicilio, en la colonia Independencia, tiraron siete cuerpos descuartizados.

Dicen estar asustadas. “Tantos muertos por todos lados”, lamenta. Saben de vecinos que se han mudado a otras colonias, incluso algunos prefirieron irse a León.

En Salamanca, el gobierno municipal celebró la llegada de la Guardia el 2 de julio. En bulevares persisten hasta el día de hoy espectaculares en los que se le da la bienvenida la corporación: “Salamanca Segura y Unida. Bienvenida la Guardia Nacional”, citan los letreros con la imagen de informados.

Esta ciudad recibió 120 efectivos que se coordinan con la Marina, Policía Militar y Fuerzas del Estado.

Salamanca ha sido escenario de diversos atentados, entre ellos, el ataque al bar La Playa Men’s Club Salamanca, la madrugada del 9 de marzo, donde murieron 15 personas y otra cuando era atendida en un hospital.

En el conteo realizado por EL UNIVERSAL, en julio pasado perdieron la vida 193 personas, la mayoría en Irapuato, Salamanca, Acámbaro, Celaya, León, Valle de Santiago, Guanajuato capital, Pénjamo, Apaseo el Alto, Salvatierra y Tarimoro.

La tendencia es similar en agosto pese a que se redujo el huachicoleo, según el discurso del gobierno federal. En los últimos dos años, la fiscalía estatal identificó el robo de combustibles de los ductos de Pemex como la causa de 85% de los homicidios en la entidad.

Corredor industrial, en la mira

La disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y del CJNG ha ocasionado en los últimos meses que se acrecentaran otros delitos, como robo con violencia y las extorsiones a comerciantes en el Corredor Industrial del estado, sobre todo en Celaya, Salamanca y Villagrán.

Esta intimidación a pequeños y medianos comerciantes ha derivado en el cierre de negocios, como en el caso del municipio de Celaya, donde decenas de tortillerías bajaron sus cortinas desde el pasado 2 de agosto por miedo a los extorsionadores.

“¡El cierre de tortillerías es impresionante! Además, insisto, si a este país le quitamos las tortillas nos quedamos sin país”, dice la investigadora Jéssica María Vega.

En Villagrán, el 4 de marzo pasado más de mil elementos de la Secretaría de la Marina Nacional, el Ejército, la Gendarmería Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Agencia de Investigación del Criminal ingresaron a la comunidad Santa Rosa de Lima, base del cártel del mismo nombre, comandado por José Antonio Yépez El Marro, vinculado con el robo de hidrocarburos.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo describió la acción como Golpe de Timón. “Se restableció el estado de derecho”, festejó en ese entonces. Para el gobierno estatal las siglas, “marcas” o nombres de los grupos delictivos son “innombrables”, pues así lo acordaron en el Consejo de Seguridad, “para no hacerles publicidad”.

Los cárteles se promocionan por sí mismos en hechos sanguinarios, en las redes sociales y a la vista de todos; en videos se desafían, muestran su poderoso armamento, se identifican, exhiben y hasta dan cuentan de los territorios en los que actúan.

“Estos grupos hacen terrorismo; se confrontan con mayor letalidad y se valen de diversos recursos para generar pánico, como la difusión de videos, atentados al Estado, masacres en centros de diversión y bases policiales”, señalan especialistas en Seguridad.

“Arrojan cadáveres en ríos y fosas, los cuelgan en puentes, los descuartizan y los colocan en bolsas en espacios visibles; hacen todo para espantar a la población”, asegura Jéssica María Vega.

La especialista afirma que en la entidad se viven situaciones de horror, sobre todo en las ciudades del denominado Corredor Industrial, que va de San Francisco del Rincón a Celaya y en los municipios que lo rodean.

“Celaya, municipios aledaños y también Irapuato, todos los del Corredor [Industrial], pero particularmente Irapuato, por la cercanía, y Salamanca, la padecen [la violencia]; porque existen cada vez estructuras más complejas, letales y agresivas que buscan nuevos espacios, porque no tienen los recursos que antes ingresaban”, considera la investigadora de la Universidad de Guanajuato.

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