Guanajuato.— Con 83 agentes caídos de enero a diciembre, el estado alcanzó la cifra más alta de policías asesinados de toda su historia y, por tercer año consecutivo, conserva el primer lugar nacional en homicidios de oficiales.
Cada cuatro días se registró la muerte de un elemento de seguridad, en promedio, en emboscadas, enfrentamientos, ataques directos, al atender llamadas de auxilio fraguadas por grupos criminales o acechados al concluir sus turnos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado han atribuido la escalada de violencia a la pugna por la plaza del crimen organizado, en especial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Alberto Cortés Zavala, consideró que son diversas las causas por las que policías son privados de la vida, como las represalias de criminales que ven afectados sus intereses por las detenciones y el trabajo que desempeñan.
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“Pueden ser varios factores de por qué matan a los policías: por el trabajo que tienen que hacer ellos el enfrentarse al crimen organizado, alguna detención que llevaron a cabo y hay represalias por parte del crimen organizado; en otro tema, podría ser la posible vinculación del elemento con la delincuencia, pero esto en Irapuato no lo hemos podido advertir”, dijo Cortés Zavala.
La madrugada del 29 de junio pasado, tres policías que atendían un reporte de detonaciones de arma de fuego en el municipio de Silao fallecieron en una emboscada de un comando.
En la misma fecha, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, entonces líder del Cártel Santa Rosa de Lima, se adjudicó el homicidio de los oficiales por montar un filtro en la carretera y detener el vehículo que abordó su madre, María Eva Ortiz, después de salir en libertad del Cereso de Puentecillas, en la capital.
En 2020, la violencia en contra del personal de seguridad se desató en 24 de los 46 municipios, con bajas de policías preventivos, agentes investigadores de la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Celaya encabeza la lista, con 23 policías asesinados; le siguen Silao, con 10; León, con seis; Jerécuaro y Yuriria, con cinco cada uno; Cortazar e Irapuato, cada uno con cuatro; Apaseo el Grande y Uriangato, con tres en cada localidad; Apaseo el Alto, Comonfort, San José Iturbide, Pueblo Nuevo y Tarimoro, con dos por municipio.
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Otros fueron abatidos en Villagrán, Salvatierra, Salamanca, Pénjamo, Moroleón, Romita, Guanajuato, Jaral del Progreso, San Francisco del Rincón, así como Juventino Rosas.
En mayo pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya perdió cinco policías, entre ellos una mujer, en dos ataques armados que ocurrieron cerca del fraccionamiento Santa María. En Celaya, el 31 de mayo pasado mataron a tiros a dos policías ministeriales del estado a las puertas de la Deportiva Miguel Alemán, en donde realizaban investigaciones de campo.
De acuerdo con la organización civil Causa en Común, 489 policías fueron asesinados en el país de enero al 30 de noviembre pasado; de ellos, 81 homicidios fueron en Guanajuato; 38, en el Estado de México; otros 38, en Veracruz; 35, en Guerrero, y 33, en Chihuahua.
Capacitación y estrategia
Karina Martínez Nava, investigadora en seguridad y especialista en política criminal de la Universidad de Guanajuato (UG), advirtió que los cuerpos de policía son los más vulnerables en la escalada de violencia en el estado y que es algo generalizado en el país.
“Ellos están en la línea de fuego, como lo que sucede en este momento con los médicos, que son el personal más expuesto [en el frente contra el Covid-19]; del mismo modo, los policías son el personal más expuesto en esta lucha encarnizada”, dijo.
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Señaló que este es uno de los estados que más ha invertido en seguridad, pero le faltan estrategias para las policías en el combate a la inseguridad, en tanto que la delincuencia se ha fortalecido y supera la capacidad de fuego de las oficiales.
“Sí, la policía está protegida, preparada, pero aun así la capacidad de fuego de las organizaciones es muy grande y no están debilitadas, por el contrario, están fortalecidas (...) [Entonces] esto no será suficiente para repeler esa agresión”, expuso.
La especialista en política criminal de la UG afirmó que hace falta consolidar un modelo policial de carrera, como en algunos otros países donde los agentes estudian varios años y se preparan en diversas técnicas.
Martínez Nava consideró que en las entidades se deben hacer esfuerzos por las policías, con una mayor formación y capacitación, darles un sueldo adecuado, pensión digna y seguro de gastos médicos para que valga la pena dedicarse a esa tarea.
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“La vocación debe ir acompañada de una adecuada remuneración”, precisó la experta.
En diciembre del año pasado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo planteó la necesidad de equipar mejor y reforzar la seguridad de los policías, y en ese propósito serían dotados de cámaras handy-cams para grabar todo, como lo hacen en Estados Unidos; además, al comenzar 2020 se les otorgó un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales: “La policía mejor pagada del país”.
Sueldos y equipo
El secretario Cortés Zavala aseguró que en su corporación se trabaja para que no se vuelvan a dar pérdidas, todos los agentes activos tienen equipo de protección personal: chaleco blindado y arma de fuego de cargo, “ya no la tienen que compartir”.
El mando de seguridad aseveró que se ha avanzado de forma significativa en la dignificación hasta lograr que Irapuato tenga la policía mejor pagada del estado y con prestaciones como acceso a vivienda, seguro de gastos médicos mayores, así como un centro de integración policial en donde ellos y sus familias pueden acudir a hacer actividades de recreación. El policía que menos gana percibe 18 mil pesos al mes.
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“Se busca que todos los elementos valoren su trabajo y puedan entregarse de la mejor manera posible”, detalló.
Las convocatorias para el reclutamiento de policías en las corporaciones municipales y estatales son permanentes. La SSP del estado promete sueldos atractivos y prestaciones superiores a las establecidas en la ley, entre gastos de servicios médicos mayores en hospitales privados y un seguro de vida por más de un millón de pesos, así como becas educativas hasta el nivel universitario a los hijos de agentes caídos en el cumplimiento del deber.